La reciente aprobación de la reforma a la educación en la Comisión Primera del Senado ha desatado una polémica entre el Gobierno y el Congreso, generando discordia entre las bases del petrismo. A pesar de que el acuerdo contaba con el apoyo de congresistas de la oposición, sectores afines a Gustavo Petro han convocado a paros y exigen que se revierta lo pactado, mientras que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) argumentaron que el acuerdo no fue consultado con los sindicatos y que ha dejado fuera varias de sus propuestas.
Uno de los puntos más controversiales es la evaluación docente, pues Fecode alega que detrás de esta medida hay un interés punitivo, mientras que la senadora de oposición Paloma Valencia ha defendido la necesidad de incluir una evaluación de docentes para mejorar la calidad educativa: “A Fecode no le gusta que los evalúen”, afirmó Valencia en diálogo con El Colombiano, en el que añadió que esta medida busca garantizar el derecho a una educación de calidad para los niños y adolescentes.
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“Hicimos mucho énfasis en la importancia de la evaluación docente porque Colombia está perdiendo las pruebas Pisa. Los niños colombianos no leen bien, no entienden lo que leen, no saben matemáticas adecuadamente y no tienen una formación básica en ciencias. Por ello, necesitamos poder evaluar a los docentes para garantizarles la educación”, explicó Valencia.
La reforma también incluye un criterio auxiliar para la evaluación de docentes basado en el rendimiento académico de los estudiantes. Al respecto, Valencia explicó que si un colegio muestra un resultado especialmente deficiente en una materia específica, podría ser indicativo de problemas con el profesor a cargo; del mismo modo, si un colegio en general muestra malos resultados, pero destaca en una materia, se debería proteger y valorar al docente responsable.
Adicionalmente, el acuerdo introduce la empleabilidad como criterio para la formación académica, pues según Valencia, la oferta académica debe alinearse con el sistema productivo colombiano para evitar que los jóvenes en el país terminen desempleados: “Hay que tener en cuenta el mercado y el sector productivo para que los jóvenes puedan no solamente estudiar, sino graduarse y conseguir un trabajo que les cambie la vida”, afirmó.
Otro tema álgido es el enfoque mixto de educación, público y privado, el cual, Fecode criticó aduciendo que fomenta la privatización y mercantilización del derecho a la educación, por lo que la senadora del Centro Democrático defendió la inclusión del sistema mixto, pues enfatizó que la calidad es lo primordial y no si la educación es pública o privada: “El Estado debe invertir en la educación de calidad que le transforme la vida a los jóvenes y no simplemente, como pretendía el Gobierno en la educación pública”.
Por otro lado, la autonomía universitaria también fue tema de debate, dado que el Gobierno pretendía con la estatutaria de educación que todas las universidades públicas y privadas eligieran sus rectores a través de voto popular, una propuesta que se eliminó del acuerdo, por lo que la congresista señaló que uno de los avances que trajo la Constitución del 91 fue haber facultado a las universidades para tomar decisiones de una manera independiente al Gobierno, asegurando así una autonomía universitaria.
En cuanto a los anuncios por parte de los sindicatos de la educación de irse a paro, para Valencia significan que las demandas de Fecode y la CUT están vinculadas a su rol como financiadores del Gobierno: “Ambos, tanto Fecode como la CUT, son los financiadores del Gobierno y le donaron. Siguiendo la interpretación del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, aquí ellos están frente a sus financiadores y esos financiadores se sienten con derecho a exigir que el Gobierno actúe de acuerdo con sus intereses, pero aquí lo que tiene que primar no son los intereses de los sindicatos, sino los derechos de los niños que es lo que ordena la Constitución”.
Pese a estas controversias, Valencia expresó su satisfacción con el acuerdo como quedó aprobado, reconociendo que, aunque no es perfecto, es un buen paso hacia una normativa inclusiva, por otro lado, ante las presiones sindicales, manifestó su esperanza de que el Gobierno no revierta lo acordado, pues resaltó la importancia de acuerdos que reflejen la diversidad ideológica y los derechos educativos.
“Yo creo que no es perfecta, pero es un buen acuerdo y Colombia tiene que acostumbrarse que las mejores normas son aquellas que recogen a todo el mundo”, concluyó la senadora.
