Madrid, 10 jul (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este miércoles que “hay que dejar margen a la negociación” entre los agentes sociales y el Gobierno sobre la posible reducción de la jornada laboral.
En declaraciones a los periodistas al margen de la presentación del Anuario 2024 de agricultura y ganadería familiar en España, impulsado por la organización agraria UPA, Planas ha expresado su deseo de que haya un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno al respecto.
“Espero que se pueda progresar en este sentido. Hay que dejarle a los interlocutores sociales la capacidad de negociar y de acordar lo que estimen oportuno. Por tanto, yo creo que hay que dejar margen a la negociación antes de hacer cualquier valoración”, ha afirmado el ministro.
Esta semana el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de reducción de la jornada laboral con algunas medidas de flexibilidad para intentar sumar al acuerdo a las patronales CEOE y Cepyme, que ven insuficiente el planteamiento del Gobierno.
El objetivo del Ejecutivo es reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales de la actualidad, hasta las 38,5 horas este año y las 37,5 horas el que viene, un margen que el Ministerio de Trabajo podría “flexibilizar” para lograr el acuerdo tripartito.
Planas también ha contestado a preguntas sobre el auto de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, por el que propone juzgar a ocho personas y a doce empresas por la venta de atún rojo procedente de la pesca ilegal.
El ministro ha mostrado respeto por el proceso judicial, si bien ha señalado que la posición del Gobierno es “tolerancia cero” respecto a cualquier irregularidad en el seguimiento de los productos de la pesca.
Ha recordado que el Gobierno ha colaborado “plenamente con la autoridad judicial” en esta investigación, relacionada con la Operación Tarantelo, que data de 2018 -en la que participaron la Guardia Civil, la Administración española y Europol-, y supuso el descubrimiento de una trama de venta ilegal de atunes rojos, y ha indicado que afecta a varios países, no solo a España.
“Si alguien ha cometido alguna irregularidad deberá soportar las consecuencias administrativas y penales por ello, por tanto máximo respeto y al mismo tiempo evidentemente contundencia en lo que supone el respeto de la legalidad en el mundo de la pesca”, ha añadido.
Asimismo, ha defendido que el conjunto del sector pesquero, en general, respeta “una leyes muy estrictas” en materia nacional e internacional. EFECOM
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