En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación anunció que para el próximo 20 de junio fue citada la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, con el fin que informe frente a los problemas en el proceso de selección para la operación del programa de primera infancia en las comunidades wayuu, en el departamento de La Guajira.
Según el ente de vigilancia, se han reportado deficiencias tanto en el cambio de modelo para la atención integral de la comunidad indígena, como por la falta de un censo sobre la población atendida por el ICBF.
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“El cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos ochenta mil familias”, manifestó la Procuraduría.
Adicionalmente, la entidad resaltó que otra de las deficiencias encontradas durante su hallazgo son los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores.
Cabe señalar que, en medio de la problemática de desnutrición que atraviesa la población infantil de la comunidad wayuu, el ICBF informó en su momento que el cambio de modelo era para priorizar a las comunidades por encima de los privados, con el propósito de avanzar hacia la depuración de la entidad, donde se habían presentado hechos de corrupción.
“Encontrábamos, por ejemplo, que unas mismas organizaciones, fundaciones, podían manejar una cantidad ilimitada de contratos, una cantidad ilimitada de cupos de atención. Encontrábamos que había puntos de equilibrio más bien por negocios que por atender a los niños”, manifestó Astrid Cáceres a los medios de comunicación.
El caso es analizado por la procuradora delegada segunda para la vigilancia de la función pública, Claudia Hernández, quien agrega que en este proceso de selección adelantado por el ICBF, “los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación”, pese a que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad Wayuu en la Guajira, mediante la Sentencia T-302 de 2017.
Esta no es la primera intervención que hace una entidad de control hacia los procesos de contratación en el ICBF; en febrero de este año, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) había anunciado un seguimiento especial al proceso que tenía la entidad del Gobierno en la atención de cerca de 800.000 niños de los Centros de Desarrollo Infantil.
“Este proceso rompe los principios de contratación estatal, de planeación y de responsabilidad, cuyo fin es cumplir los objetivos del Estado para prestar los servicios a la comunidad, en este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del país”, mencionó la Contraloría en su informe.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo ha realizado constantes visitas a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, donde han evidenciado falencias en la prestación de los servicios para la niñez de la comunidad indígena. Según datos reportados por esta entidad, en lo corrido del año, con corte al mes de mayo, han muerto 14 niños entre los cero y cinco años por desnutrición en La Guajira.
A su vez, la Defensoría menciona que una de las dificultades que han presentado es la falta de información estadística sobre esta población, esto debido a que los medidores actuales no permiten establecer una cobertura real, ni contienen datos insuficientes, lo que agrava la situación de sub registro y dificulta la priorización de las necesidades de las comunidades.
