Madrid, 25 jun. Con años de activismo a sus espaldas, el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, se mantiene expectante ante las próximas elecciones generales y defiende con contundencia la ley de eutanasia, que este domingo cumple dos años: “la eutanasia es respeto a la libertad, no compasión”.
En una entrevista con EFE, confiesa que no cree que la ley peligre aunque llegue a la Moncloa el PP, que la recurrió ante el Constitucional y que ha avanzado que estudiará posibles ajustes.
“No derogaron ni el matrimonio homosexual, ni el aborto… Estamos preocupados, pero no con miedo; a veces el miedo es mal consejero y da mucho poder a quien no lo tiene”, señala con la tranquilidad que proporciona a la asociación conocer ya el parecer del Constitucional.
Aunque el recurso del PP sigue sin respuesta, el pasado marzo ese tribunal rechazó el que presentó Vox días antes de los populares y amparó el “derecho de autodeterminación” de las personas para “decidir de manera libre y consciente el momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales”.
Sin que se hayan publicado todavía cifra oficiales, DMD estima que hasta el pasado diciembre se han realizado cerca de 370 eutanasias. En 2022, primer año completo con la prestación efectiva, la eutanasia supuso menos del 0,07 % del total de fallecimientos registrados en España.
“Sabemos que siempre será una opción minoritaria, pero está muy por debajo de lo previsto comparado con países como Bélgica y Holanda. Y hay diferencias muy llamativas por comunidades. Tenemos que ver si detrás hay cuestiones ideológicas o problemas burocráticos”, explica Velasco.
Ante la falta de datos de calidad, DMD no tiene explicación para esas tasas tan dispares entre territorios, con cifras mucho más elevadas en Navarra, Cataluña, la Rioja y País Vasco y menores en Murcia, Galicia y Extremadura.
Han comprobado que las comunidades que “hicieron sus deberes y prepararon con tiempo los protocolos y comisiones que exige la ley” registran tasas más altas, pero Velasco lanza también su opinión personal y apunta al factor socioeconómico: “Las personas que nos preocupamos por cómo vamos a morir, vivimos bastante bien; somos personas que tenemos la vida medianamente resuelta”.
LA IMPORTANCIA DEL TESTAMENTO VITAL
Decenas de pacientes han pedido ayuda y asesoramiento a DMD en estos dos años ante los problemas que han encontrado al solicitar una eutanasia. Y alguno, indica Velasco, no ha recibido tampoco la respuesta que quería.
“Hay personas que nos consultan y les explicamos que su caso no está contemplado en la ley. No hay barra libre; se ha legislado un derecho y hemos dado un paso importantísimo, pero hay condicionamientos”, señala.
Según la ley, pueden solicitar la prestación las personas con un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable, que causen un sufrimiento físico o psíquico intolerable.
En este contexto, Velasco subraya la importancia del testamento vital y de dejar claro en él, si así se desea, las circunstancias en las que se quiere la eutanasia. Solo así los familiares de personas con alzheimer o demencia avanzada, por ejemplo, podrán solicitar la prestación.
Velasco no oculta el drama de pacientes a los que se deniega la prestación porque “no sufren lo suficiente”, un factor que deben analizar los médicos y en el que inevitablemente hay una valoración subjetiva en la que puede influir el talante o los valores del facultativo.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y AGENDAS SATURADAS
Psicólogo de la salud y formador de enfermería jubilado, Velasco subraya la importancia de que los médicos reciban formación.
A la asociación no le preocupa tanto el impacto del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios -“es minoritario y apenas interfiere en el desarrollo de la ley”-, como los problemas que están detectando cuando las solicitudes caen en manos de médicos con agendas saturadas, que desconocen la ley y pueden retrasan el inicio de todo el proceso.
“Muchas veces no es un problema de conciencia, sino de falta de medios y de información. Influye mucho el apoyo de la administración, que se les pueda liberar de agenda, que dispongan de tiempo para visitar a los pacientes en sus domicilios…”.
Derecho a Morir Dignamente, asegura Velasco, seguirá vigilante.
Sus alrededor de 7.500 socios celebraron en 2021 por todo lo alto la aprobación de una ley por la que lucharon durante décadas, con nombres propios como el de Ramón Sampedro, tetrapléjico gallego que decidió morir en 1998 tras cinco años de una batalla legal infructuosa.
El activismo organizado comenzó en 1983, a raíz de una carta al director de El País publicada el 11 de noviembre de aquel año por Miguel A. Lerma, que mostraba su interés por fundar una asociación para reivindicar el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida en España.
Cerca de doscientas personas se pusieron en contacto y decidieron crear la “Asociación Derecho a Morir Dignamente”, pero el Ministerio del Interior denegó su inscripción en el registro alegando que sus fines contravenían el Código de Deontología Médica e incurrían en el delito de inducción al suicidio.
Recurrieron la decisión, recabaron apoyos de intelectuales y organizaciones internacionales y en diciembre de 1984 la asociación fue finalmente inscrita en el registro de Interior. EFE
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