El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la transferencia de fondos a Corpourabá, Corantioquia y al municipio de Girón, ordenando que estos recursos sean redirigidos hacia las áreas afectadas por desastres.
La declaración se hizo por medio de su cuenta en la plataforma X, marcando un cambio en la asignación de recursos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hacia regiones en estado de emergencia.
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Esta medida busca priorizar la atención y la recuperación en zonas devastadas por calamidades recientes, asegurándose de que el apoyo financiero llegue a quienes más lo necesitan en este momento crítico.
La decisión del mandatario colombiano refleja el foco del gobierno en la respuesta inmediata a las emergencias naturales, reasignando fondos previamente destinados a dichas entidades. Petro enfatizó la importancia de que los esfuerzos y recursos del Estado se concentren en el alivio y la reconstrucción de comunidades severamente impactadas.
Los fondos en cuestión, originalmente asignados a dos corporaciones autónomas regionales y al gobierno local de Girón, serán ahora utilizados para fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación en áreas afectadas por desastres naturales. La Ungrd, entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo y las respuestas a desastres en Colombia, jugará un papel crucial en la redirección y efectivo uso de estos recursos, siguiendo las indicaciones del ejecutivo nacional.
La reacción de las entidades afectadas por esta medida y los detalles sobre la implementación de la nueva asignación de recursos permanecen pendientes. Se espera que en los próximos días se proporcionen más informaciones sobre cómo esta decisión influirá en la capacidad de recuperación de las zonas designadas como prioritarias por el presidente.
Estas acciones demuestran el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la gestión de emergencias y la adaptabilidad de sus políticas financieras frente a las necesidades inmediatas de la población afectada por desastres naturales, pero deja sin recursos a entidades que esperaban el giro para suplir otras necesidades de las regiones.
Este mensaje del jefe de Estado se da en un momento de total tensión, por los recientes hechos de corrupción en la Ungrd, en los que en los últimos días se han destapado más cartas dentro de este entramado al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres.
Escándalo en Colombia: sobornos en la Ungrd vinculan a altos legislativos
El presidente Gustavo Petro realizó un llamado a los funcionarios implicados en actos de corrupción a abandonar sus cargos, tras una serie de acusaciones por supuesto pago de sobornos utilizando fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La petición del mandatario colombiano se produjo luego de que estallara el escándalo por revelaciones de un exsubdirector de la entidad, marcando un punto crítico en su gobierno. Este hecho compromete no solo a miembros del Ejecutivo sino también a destacados líderes del Legislativo.
“Funcionarios, sobre los cuales hay fuertes indicios; no puedo ser yo el juez de corrupción en el gobierno del cambio”, dijo el jefe de Estado.
El caso salió a la luz cuando Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, confesó haber empleado dinero estatal para asegurar el apoyo de Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente, con el objetivo de facilitar la aprobación de reformas sociales propuestas por el Gobierno.
Esta situación ha generado una amplia controversia en Colombia, ya que pone en tela de juicio la integridad de representantes clave en ambos poderes del Estado.
Petro manifestó su preocupación ante los hechos, advirtiendo el peligro que representa la codicia en el deterioro ético de cualquier individuo, sin importar su filiación política. Hizo hincapié en la importancia de que aquellos funcionarios bajo sospecha abandonen sus posiciones para no obstruir las investigaciones pertinentes y asegurar la transparencia en su administración. Las declaraciones del presidente subrayan un compromiso con el programa de gobierno y denotan una clara distancia de cualquier práctica corrupta que menoscabe los objetivos de su gestión.
“Esos son funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque, encima, me dirían dictador, con razón. De todas maneras, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la Justicia haga”, manifestó Petro.
Este escándalo plantea serios desafíos para el gobierno de Petro, quien ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores políticos y la ciudadanía en general. La denuncia de Pinilla no solo abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Colombia, sino que también pone a prueba la capacidad del Ejecutivo de sostener un ambiente de integridad y transparencia. La comunidad espera ahora las acciones concretas que se tomarán tanto por el Gobierno como por los órganos de justicia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
