La posible reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha generado dentro de la organización política, pues no sólo critican su desempeño como líder durante las elecciones presidenciales de este año, las cuales ganó por segunda ocasión Morena, sino que también reprochan que se hayan cambiado los estatutos para permitir que ocupe el cargo por dos periodos más.
Por ello, el Frente Amplio Renovación por México del PRI, junto con exmandatarios y representantes priistas, presentó ayer un recurso llamado ‘Amicus Curiae’ ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para pedir que se desconozcan los cambios en los documentos básicos y que se designe a una nueva dirigencia interina, “integrada por ex presidentes del CEN y cuadros de prestigio”, manteniendo el principio de no reelección, considerado un fundamento histórico del partido, de acuerdo con información publicada en Milenio.
Esto, acusando a Alito Moreno de convocar de manera “engañosa y oscura” a la asamblea nacional que se realizó en el CEN del PRI el 3 de julio pasado, cuando “no habían pasado siquiera 24 horas de la jornada electoral constitucional”.
¿Qué es el recurso Amicus Curiae?
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el recurso conocido como Amicus Curiae, que en español se traduce a “amigos de la corte”, son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.
En un documento publicado por la SCJN, el mismo organismo judicial precisó que recientemente recibieron seis amicus curiae en contra de las reformas político-electorales:
- El 15 de marzo de 2023 integrantes del partido político Movimiento Ciudadano presentaron el primer amicus curiae ante la SCJN para evidenciar las violaciones legislativas del régimen en la reforma electoral, según refirieron.
- El 14 de marzo un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, perteneciente al INE, presentó un amicus curiae con el objetivo de dar a conocer a la Corte una opinión en torno a posibles violaciones constitucionales que podría dar lugar la reforma legal, así como exponer los fundamentos centrales en torno a la importancia de la existencia de dicho servicio profesional, de conformidad con el escrito.
- El 22 de marzo activistas y representantes de la sociedad civil presentaron al Máximo Tribunal del país un amicus curiae con la finalidad de exponer las afectaciones que esta reforma traerá a los grupos vulnerables en México, de acuerdo con defensores de derechos humanos que se pronunciaron sobre el asunto.
- El 24 de marzo representantes legales de diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron un amicus curiae dirigido a los Ministros de la Segunda Sala para exponer la relevancia y particularidades de los recursos de reclamación 27/2023-CA, 28/2023-CA y 29/2023-CA, según detalla el texto presentado.
- El 11 de abril la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) entregaron a la SCJN dos amicus curiae en respaldo a las controversias constitucionales presentadas por el INE en contra de las reformas electorales, según señalaron los representantes de dichas asociaciones.
No obstante, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también ha utilizado el Amicus Curiae en diversas ocasiones. Una de ellas, fue en marzo de este año, cuando presentó el recurso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans de Estados Unidos contra la ley SB4 de Texas, que permite a autoridades estatales detener y deportar migrantes.
De igual forma, en mayo pasado, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también recurrió al recurso para solicitar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández. no eliminar la privación preventiva oficiosa argumentando que surgirían efectos adversos en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana.
