El Ministerio Público presentó este viernes 19 de julio, ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional contra la congresista de Avanza País, Roselli Amuruz, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado, al haber contratado en el Parlamento a personas allegadas a su pareja, el exlegislador Paul García.
“La Fiscalía de la Nación, a través del Árez de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó hoy, ante el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra Yessica Roselli Amuruz Dulanto, en su condición de congresista de la República, como presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado”, señaló el Ministerio Público a través de una publicación en las redes sociales.
En un a publicación en su cuenta de X, la entidad señaló además que los hechos imputados están referidos a que la investigada habría intervenido en la contratación de Alejandra García Oviedo, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie de Glady Gómez Acosta, en el Área de Caldad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e imagen Institucional del Congreso de la República.
Fiscal solicitó ampliación del plazo de investigación
A principios de julio, el Ministerio Público anunció la culminación de la investigación preliminar contra la congresista Amuruz de Avanza País por el presunto delito de negociación incompatible. Sin embargo, se solicitó una ampliación del plazo para que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
El pedido de ampliación del plazo fue efectuado por Luis Alberto Germaná Matta, fiscal adjunto del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, durante una audiencia de control de plazo realizada el pasado 2 de julio. Germaná argumentó que “los actos de investigación ya han concluido” y solicitó la aplicación del plazo contemplado en el artículo 343, que se refiere a la investigación preparatoria.
Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Amuruz, señaló en aquella oportunidad que ya han transcurrido más de cuatro meses desde que venció el plazo para las diligencias preliminares. En su defensa, Loza destacó que el proceso ha superado el tiempo estipulado legalmente, indicando que la investigación ha durado ocho meses y nueve días desde el 23 de octubre de 2024, excediendo el límite de 120 días establecido.
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