En la clausura de la Cumbre de alcaldes y alcaldesas rumbo a la COP16, que se llevó a cabo el viernes 13 de septiembre de 2024 en Florencia, Caquetá, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que es necesario que las autoridades judiciales revelen qué sucedió con al menos $12 billones que, según el Ejecutivo, se habrían perdido por presunta corrupción.
El primer mandatario aseguró que estos recursos estaban destinados a financiar programas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, Sin embargo, pese a las denuncias que sus funcionarios han hecho, no se ha dado con los responsables.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
A propósito, enlazó ese tema con la discusión que el Gobierno sostiene con el Congreso por negarse a aprobar el presupuesto para 2025, cuyo monto es de $523 billones. Cabe resaltar que, el 10 de septiembre de 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el nuevo proyecto de Ley de reforma tributaria, iniciativa que busca recaudar el faltante de $12 billones.
Según el jefe de Estado, el objetivo es no aprobar el presupuesto para una estrategia que termine con derribarlo: “Entonces unos congresistas, unos, unos, dicen saboteemos el presupuesto a Petro porque así lo tumbamos. Oigan, qué daño le están haciendo a Colombia”, señaló.
En su discurso, el jefe de Estado dijo que la falta de impulso del presupuesto que presentó, junto a la ley de financiamiento por el hueco fiscal de $12 billones que tiene, generan alarma: “No hay ni para pagarles a los que firmaron la paz”. Lo anterior implica que “estamos desbaratando la paz” y que, por lo mismo, se deben buscar soluciones.
Tras estas declaraciones, diversos sectores ligados al acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reaccionaron. La comunidad firmante pidió al Gobierno nacional medidas efectivas de protección por la creciente inseguridad en los territorios, donde los desmovilizados han sido amenazados, desplazados y asesinados.
El jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, advirtió que el presupuesto de Petro acorta recursos de las entidades a cargo de diseñar e implementar las políticas y programas para la reinserción, reintegración y reincorporación de los excombatientes.
“El presupuesto que pretende aprobar el Gobierno de Gustavo Petro le reduce el 72% de los recursos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Presidente, ¿ese es su compromiso de paz? ¿Ese es su mensaje a los firmantes y constructores de paz?”, cuestionó el ex jefe de las antiguas Farc.
De todas maneras, el primer mandatario defendió su presupuesto y volvió a criticar el Congreso por no avalárselo. Y, de paso, aprovechó para enviar un mensaje directo al Capitolio: “Nosotros no le ponemos IVA a la sopa”. En días pasados, dijo que si el Congreso no aprueba el monto establecido por el Gobierno de $523 billones para 2025, que tiene fecha de cierre el 20 de octubre de 2024, él lo hará vía decreto. “Parece que el presupuesto, como dicen la Constitución y la ley, saldrá por decreto”, indicó.
Defensoría del pueblo advirtió sobre implementación del Acuerdo de Paz
El informe de la Defensoría del Pueblo del mes de agosto de 2024 calificó de “preocupante” el panorama de las obligaciones del Estado colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que “sigue avanzando a paso lento”. Por lo que es necesario fortalecer la arquitectura institucional por medio de “una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública”.
Así las cosas, el documento indicó la necesidad de mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), al igual que llevar un registro periódico de la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
