Los jefes de bloque del Senado, junto a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, decidieron posponer una semana la sesión donde se definirá el proyecto que mejora las jubilaciones, aprobado por Diputados en junio pasado. De esta manera, el oficialismo libertario ganó tiempo para negociar con la oposición dialoguista, que más temprano se juntó con funcionarios de la Casa Rosada, en una cumbre que no dejó ningún tipo de decisión no sólo sobre esta iniciativa, sino también sobre la trabada ley de Boleta Única de Papel (BUP).
Según confiaron a Infobae legisladores que participaron de la reunión de Labor Parlamentaria, la idea de pasar una semana la sesión -sería le jueves 22- en cuestión tuvo aceptación de todos los presentes. El problema de los haberes previsionales radica en que el Gobierno sostiene una postura cerrada a la hora de ceder y la oposición -kirchnerista y dialoguista- podría sancionar la ley, lo que dejaría a Javier Milei a tiro de veto presidencial, ya sea parcial o total.
Previo a la cumbre entre titulares de bancadas, Villarruel, oficialistas y dialoguistas recibieron al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Allí, la Casa Rosada reiteró su propuesta de eliminar varios artículos de la ley de jubilaciones. También explicó detalles de la nueva propuesta para la BUP, aunque el objetivo principal de La Libertad Avanza, dentro de una eventual reforma política, apunta a eliminar las PASO, hoy sin consenso.
Jubilaciones
El proyecto establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
La iniciativa demás incorpora una compensación extra -o “empalme”- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insiste que esto sea a partir de la publicación de una eventual ley, sin retroactividad, algo inaceptable para los dialoguistas. Todavía se piensa en ofrecer un mes intermedio, pero nadie lo da por confirmado aún.
Para evitar que la actualización de la canasta básica -se efectiviza después del pago de los haberes- no quede desfasada, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Esto fue observado en el Senado y el Gobierno pidió dinamitarlo. Algunos diputados que votaron este artículo reconocieron después que se les fue “la mano”. Son los mismos que criticaron a la Cámara alta por las modificaciones que hizo a la Ley Bases y al paquete fiscal y que, según la semana, son amigos o enemigos acérrimos de Milei.
Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que la Casa Rosada no tolera.
Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
El Gobierno dejó en claro que este artículo significará la resignación absoluta y total de déficit cero. No obstante, se espera en los próximos días un guiño desde el Ejecutivo relacionado con las cajas jubilatorias no transferidas para calmar las ansias de apremiados gobernadores -en medio de un feroz ajuste- para activar una vía de escape y así salvar una ley que, en caso de ser modificada, volverá en segunda revisión a Diputados.
Boleta Única de Papel
Tras meses de discusión trabada por un empate virtual, que no puede ser saldado por Villarruel -cuestión electoral precisa mayoría absoluta, es decir, 37 voluntades-, el equipo de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta y un puñado de senadores dialoguistas -como el radical Maximiliano Abad y el peronista disidente Juan Carlos Romero– sellaron un preacuerdo semanas atrás para una iniciativa que promueve el modelo cordobés, de una sola boleta para todos los cargos nacionales.
Las sugerencias del Gobierno van en sentido contrario a dicho entendimiento, lo que generó incertidumbre en el sector dialoguista. Por caso, la Casa Rosada quiere que un distrito pueda adherir sus cargos provinciales y municipales a los nacionales. Una misma BUP para todo y una sola urna. Y va más allá: incorporar el casillero para votar lista completa también en las PASO, no sólo para las generales, como el texto de Diputados. Este punto fue bastante discutido en 2022. Bajo este precepto, los partidos provinciales -clave para un entendimiento- acusarían desventaja.
Otros movimientos sobre los que direcciona la lupa el Ejecutivo apuntan a trocar plazos de campaña -aumentar-, así como también la presentación de candidatos, la potestad de conformar la BUP, la ubicación del primer domingo de agosto para las PASO y el reconocimiento de alianzas electorales, entre otros asuntos.
Desde el Gobierno y el oficialismo senatorial deslizaron que las conversaciones “están avanzadas”, pero la realidad marca que esta cuestión deberá esperar. Si no aparece una solución, el proyecto perderá estado parlamentario a fines de febrero próximo y se tendrá que arrancar de cero. Además, las próximas elecciones continuarían con la tradicional boleta sábana, un objetivo primordial del kirchnerismo.
