(Paolo Aguilar/)
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantiene en su cargo pese a haberse formalizado 20 investigaciones preparatorias en su contra por cientos heridos y 49 muertes de civiles en protestas. Su gobierno es responsable de una economía estancada, aumento de la pobreza y crimen. Boluarte se aferra al poder con una aprobación extremadamente baja del 5%, según datos de las encuestadoras. “¿Por qué la presidenta sobrevive a las demandas de elecciones anticipadas y a los llamados a una vacancia? La respuesta corta es que ella no está a cargo del Gobierno”, señala The Economist, el diario británico
Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la detención del exmandatario Pedro Castillo, que desencadenó en protestas masivas. Ante ello, la jefa de Estado ha defendido sus acciones: “Nos enfrentamos a 500 manifestaciones. Todas ellas violentas. Estuvimos firmes, tercos, decididos […] No podemos caminar de tropiezos en tropiezos. Es bien fácil decir que, mañana vacancia y pasado, renuncia”, declaró en una conferencia por el aniversario de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex)
La mandataria también enfrenta acusaciones de corrupción, ha sido implicada en controversias por su posesión de relojes de lujo Rolex, que ella alega son “préstamos”. Además, registra un desbalance patrimonial, según la Contraloría.
Sin embargo, los intentos de su destitución se han apagado gradualmente. Uno de los factores clave que explican su permanencia en el poder es el respaldo de los legisladores tanto de derecha como de centro, quienes también registran una aprobación muy baja del 4%.
El Congreso , bajo estos legisladores, ha llevado a cabo varias contrarreformas que han generado reacciones diversas. Han destituido miembros de la junta supervisora del poder judicial y aprobado leyes para regular la minería ilegal y flexibilizar los requisitos para enseñar. También, exoneraron de castigo a criminales de lesa humanidad de antes de 2002, beneficiando directamente al expresidente Alberto Fujimori, decisión que ha sido muy criticada por cuerpos de derechos humanos internacionales.
Por otro lado, la capacidad fiscal del país ha sido cuestionada con la aprobación de gastos extrapresupuestarios significativos, lo que ha generado preocupación entre expertos económicos. Además, el Tribunal Constitucional, cuya composición fue renovada en 2022, ha dado más poder al Congreso para iniciar medidas de gasto, una práctica contraria a la Constitución.
Los ciudadanos peruanos, que miran hacia las elecciones de 2026 con esperanza, enfrentan la realidad de un Congreso fortalecido y múltiples partidos que buscan influir en el futuro del país. Las reformas recientes y la falta de un “adulto en la sala”, según el ex titular del MEF Alonso Segura, han dejado a muchos dudando del liderazgo que surgirá de este contexto político complejo.
Formalizan dos nuevas investigaciones contra Boluarte
El Ministerio Público ha sumado dos nuevas investigaciones preparatorias a las ya existentes sobre casos vinculados a las protestas sociales en Perú contra la presidenta Dina Boluarte. Estas investigaciones son parte de los esfuerzos que realiza el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), según informó el propio organismo.
El primer caso está relacionado con hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en Juliaca, donde cuatro personas resultaron heridas. La investigación se centra en el comandante de la Policía Nacional, Segundo Martín Ocampo Aguirre, acusado de delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.
El segundo caso investigado corresponde a los eventos del 12 de diciembre de 2022 en Apurímac, específicamente en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, donde ocurrió la muerte de un menor y resultaron heridas dos personas debido a enfrentamientos entre manifestantes y policías. En este caso, los investigados son el excomandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, y otros altos mandos de la policía.
A fecha de hoy, se contabilizan 20 investigaciones preparatorias formalizadas distribuidas en varios departamentos, incluyendo Lima, Arequipa y Cusco, involucrando a 160 personas entre miembros de la Policía Nacional y el Ejército, por heridas y muertes de 274 civiles durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte.
Paralelamente, la presidenta Dina Boluarte podría enfrentar una investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, similares a las atribuidas al exdictador Alberto Fujimori, según un informe reciente de Amnistía Internacional. Este documento, presentado el 18 de julio, sugiere que Boluarte podría ser considerada autora mediata debido a su falta de acción para detener los abusos cometidos durante las protestas.
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