Mientras el Gobierno se prepara para implementar la polémica “Ley Antiforestal”, este martes el Tribunal Constitucional aceptó una nueva demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao contra dicha norma, criticada por favorecer la deforestación y la degradación de los bosques en la Amazonía peruana, además de promover la impunidad ante delitos forestales y vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas.
La decisión fue tomada por seis magistrados a favor de la solicitud y se notificará al Congreso de la República para que emita su descargo en un plazo de 30 días.
Este es el segundo pedido de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en enero de este año por el Parlamento, la primera fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, el departamento con mayor deforestación por agricultura a gran escala.
¿Por qué aseguran que la ley tiene un impacto negativo?
De acuerdo al abogado en derecho ambiental, César Ipenza, la controversia respecto a la modificación de la Ley Forestal radica en los cambios que ahora permiten a las empresas o usuarios a no estar obligados a cumplir con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).
Esto quiere decir que se podrán legalizar tanto terrenos previamente deforestados como actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, transformando lo que era patrimonio nacional en propiedad privada.
En ese sentido, el Colegio de Sociólogos del Perú argumenta que la modificación aprobada viola el derecho de las personas a un ambiente adecuado, postura que también han sostenido diversos representantes de organismos internacionales.
Entre ellos, el relator especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Calí Tzay, quien advierte que la norma podría incentivar al despojo en tierras indígenas, así como aumentar la violencia contra los defensores ambientales.
Mientras que la Unión Europea indica que la legislación peruana no cumpliría con sus nuevas normativas ambientales, las cuales prohíben la importación de productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas.
Ley incrementa vulnerabilidad de pueblos indígenas, advierten
En este marco, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 2.400 comunidades indígenas, ha expresado su preocupación por el impacto negativo que la ley tendrá en los pueblos originarios, sobre todo en aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial, considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos que hay en sus territorios.
Pues, Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, afirma que la normativa desconoce la existencia de estos pueblos. “Tanto la “Ley Antiforestal” como la Ley anti-PIACI tienen la misma matriz, que es abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad petrolera, entre otros, y que podría dar pie también al incremento de la minería ilegal, que viene aumentando bastante en el país en la Amazonía”, declaró.
Por su lado, Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), compartió una perspectiva similar, ratificando que la ley representa un riesgo para la regulación de actividades extractivas en la región amazónica.
“Lo que hace esta norma es desregular el sector ambiental, el sector forestal, y ese espacio lo ocupa la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, cocaleros, narcotráfico, empresas de palma aceitera, y estos grupos están desplegando economías ilegales que están destruyendo tejido social. Esta norma lo que hace es desregular, alimenta ese repliegue [del Estado], le quita brazos al Ministerio del Ambiente”, dijo.
