El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid interrogará mañana martes en calidad de investigados a excargos del Gobierno por las mascarillas “defectuosas” que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Carlos Valle fija para las 9.30 horas la comparecencia de siete imputados. En concreto, tomará declaración a Patricia Lacruz Gimeno, ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y a Cristina González, quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020.
Asimismo, interrogará a Isabel Pineros, exvocal asesor del Ministerio; a Nuria Queraltó, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud en 2020, y a otras tres personas investigadas.
El titular del juzgado les ha citado después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la investigación que archivó contra el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, por “haber facilitado al personal sanitario –durante la primera etapa de la pandemia– mascarillas defectuosas sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente”.
LA INVESTIGACIÓN
La Audiencia de Madrid corrigió al juez tras dar la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y estimar su recurso. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal.
En aquel auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, ordenaron al juzgado que dirigiese oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) “a fin de que se expida certificación de resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95” que fueron “adquiridas por el Ministerio de Sanidad”.
Asimismo, ordenaron al juzgado que dirigiera oficio al Ministerio de Sanidad para que aportase los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el día 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.
El juzgado así lo hizo y ahora celebrará una batería de interrogatorios para continuar con la investigación que surge a partir de la querella que presentó la CESM el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo contra Illa, que entonces era ministro de Sanidad.
En la querella, se le atribuía al exministro un delito contra los derechos de los trabajadores “por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (…) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución”.
En diciembre de 2020, el Supremo inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias de ellas a los juzgados de instrucción de Madrid.
