La juez de Instrucción número 49 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre en la calle Ferraz durante las protestas contra la Ley de Amnistía.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional de la causa después de que la Fiscalía de Madrid informara a favor de su archivo.
La denuncia se interpuso en relación a las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre con lanzamiento de gases lacrimógenos en las protestas convocadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la ley de amnistía.
En la resolución, la juez señala que “efectivamente, como argumenta el Ministerio Fiscal, en el presente supuesto, de la información aportada resulta que los hechos que deben ser objeto de investigación son la actuación del Delegado del gobierno y los mandos de la UIP en la concentración el 6 de noviembre en Ferraz”.
“No se aportó con la denuncia ni resolución del Delegado del Gobierno, ni partes de lesiones de ninguna persona que tomara parte en la concentración. Por lo tanto, nos encontramos ante la solicitud de apertura de una investigación judicial de carácter claramente prospectivo. No consta la existencia de lesionados, ni se aportan testigos que puedan referir la existencia de desproporción judicial”, argumenta.
De lo actuado, esgrime la magistrada, “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779.1.1º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
Las diligencias previas se abrieron a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. También se incoaron diligencias contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes.
Tras este trámite procesal, se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informara sobre la admisión de la denuncia, que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral.
El documento recogía que durante las cargas se “utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos”.
Durante esa jornada, con unas 3.800 personas en la protesta, los agentes de la Unidad de Intervención Policial tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz.
En un comunicado, Raíces destacaba que “miembros de la policía de paisano blandieron barras extensibles de acero con las que golpearon a los ciudadanos de la manifestación, a pesar de que la normativa aplicable lo prohíbe, así como que las UIP dispararon pelotas de goma a la cara, dieron palizas en los callejones del barrio y procedieron a cometer todo tipo de abusos policiales”.
