El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola rechazó en duros términos la denuncia por coacción, conspiración y otros delitos que presentó la diputada libertaria Lourdes Arrieta contra los colegas de su bloque con los que compartió una reunión con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. En la resolución, el funcionario judicial calificó de “infantiles y pueriles” los argumentos brindados por la legisladora y cuestionó que sean llevadas a los tribunales diferencias que deberían resolverse en el ámbito político.
La diputada solicitó se investigue la posible comisión de los delitos de “coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración, y malversación de caudales públicos”, en los que podría haber incurrido el funcionario del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y las personas a las que ella responsabilizó por haber organizado la visita al penal de Ezeiza, entre las que mencionó a los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro, el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi, Maria Laura Olea, y el funcionario de Diputados Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja.
La resolución de la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora ocurrió el mismo día en que la tensión en el seno del bloque de La Libertad Avanza terminó de detonar. Esta denuncia de Arrieta contra sus pares es uno de los tantos motivos de fricción entre los distintos sectores que integran el bloque que se referencia con Javier Milei. No es el único lugar donde las internas están al rojo vivo: en el Senado, Francisco Paoltroni quedó en el ojo de la tormenta y hay sectores, según pudo confirmar Infobae, que quieren expulsarlo de la bancada.
Entre los que habían sido acusados por la diputada Arrieta hubo alivio. Pero también una sensación de reivindicación. “No puede ser considerado un delito una visita a personas que están presas, hayan cometido el delito que hayan cometido. Incluso si el objetivo hubiera sido hablar de un proyecto para que los detenidos sin condena firme o que tengan más de 70 años o que padezcan problemas de salud severos puedan cumplir la pena en su domicilio”, explicó a Infobae uno de los acusados, que pidió mantener reserva de su identidad.
Es que la diputada Arrieta presentó la denuncia una vez que, al conocerse el encuentro, hubo una ola de críticas de la política e incluso desde el gobierno tomaron distancia. De hecho, en la Cámara empezó esta semana el debate en comisión para intentar expulsar a los seis diputados. Y al cura Javier Olivera Ravasi -hijo de Jorge Andrés Olivera, un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad- lo echaron de la Diócesis Zárate-Campana como consecuencia de la reunión en Ezeiza.
Una denuncia extravagante
“La denuncia de la nombrada está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista (su visita en el penal a distintos detenidos condenados/procesados por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz). Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”, estableció el fiscal Mola.
Pero las críticas no terminan allí. El funcionario del Ministerio Público cuestionó la existencia de “un mal que, parece, ya se ha hecho carne en nuestra república, y es el de la judicialización de la política, de cuestiones de carácter o naturaleza estrictamente política. Es decir, la introducción en el ámbito del servicio de justicia, a partir de denuncias, de controversias que por su propia naturaleza se encuentran vedadas de ser abordadas en ese ámbito”.
“No es en la justicia penal donde deben dirimir esas lides, ni los jueces y los fiscales los árbitros. Este impropio proceder termina, en definitiva, de ensombrecer la actuación de los órganos de justicia generando desconfianza, sospecha de proceder faccioso, o de parcialidad, aunque la realidad diste de ello. Y es que, si la discusión política se dirime en un tribunal, cualquier decisión puede ser reputada de facciosa por quien se sienta defraudado”, consideró.
Y agregó: “Lo que considero más grave es que bajo cuerda, so pretexto de una extravagante posible comisión de delitos, pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar, que es el de la discusión política intrapartidaria. Específicamente, señala una serie de hechos, vinculados a diálogos mantenidos en el seno de su bloque, a los que califica como presiones, intentos de censura y amenazas”.
Después de hacer un recorrido in extenso de las consideraciones de la diputada Lourdes Arrieta, el fiscal Mola le pidió al juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak, que “se desestime la denuncia de Lourdes Arrieta en todo lo referente a lo señalado en el punto III del dictamen, por inexistencia de delito, y se continue la pesquisa” en torno a si pudo existir algún tipo de incumplimiento de los deberes de funcionario público de las autoridades penitenciaria.
Entre los argumentos que fueron rechazados por Mola está el que Arrieta adujo en la denuncia que cuando fue incorporada a los grupos de WhatsApp desde donde se organizaban las reuniones con los represores en ella, en realidad, creía que era un espacio “para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores”.
Según reconstruyó la causa, Arrieta planteó que “en los chats siempre se hizo hincapié en las condiciones de detención de los adultos mayores que ‘no tenían condena alguna de los tribunales y a los que se le negaban cuestiones básicas que todo detenido debía tener’”. Y afirma que “todo esto [fue] sustentado por un minucioso trabajo de manipulación, en el que ella se coloca como una de las personas manipuladas”.
“La denunciante es diputada nacional, lo que presupone un umbral mínimo de conocimiento de aquello que –como todas las cuestiones referidas- se encuentra presente, con permanente actualidad, en la agenda política y judicial de nuestro país desde hace mucho tiempo. En todo caso, no alcanza alegar ignorancia para sustentar una supuesta manipulación cuando fácilmente, con solo recurrir a Google -por ejemplo-, podía esclarecerse de aquello en lo que estaba participando. Pareciera de aplicación el adagio latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. El fiscal Mola se refirió al principio de que en juicio nadie puede alegar su propia torpeza.
La reunión y la foto
El encuentro en el penal de Ezeiza ocurrió el 11 de julio y reunió a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo. Según las manifestaciones de la denunciante, quien estuvo detrás de la organización fue el padre Olivera Ravasi y varios abogados. Al sacerdote -que actualmente está en Estados Unidos, según pudo saber Infobae-, el Obispado de Zárate-Campana lo expulsó del distrito y la Iglesia Católico tomó distancia de su actividad en defensa de los condenados por delitos de lesa de humanidad.
- Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.
- Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA.
- Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
- Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.
- Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti.
- Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza.
- Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.
- Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo.
- Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”
- María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA.
- Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
- Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
- Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
- Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
- Alida Ferrerya, diputada nacional LLA.
- Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.
- Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
- Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.
