El 23 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC Karen Abudinen, que la involucraba en el presunto robo de $70.000 millones en el contrato adjudicado a Centros Poblados, que hacía parte de un anticipo del proyecto que pretendía llevar internet a las escuelas rurales más remotas del país.
“Se declara la terminación de la actuación a favor de la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, ministra MinTic para la fecha de los hechos investigados, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente”, indicó el pronunciamiento oficial de la decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.
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De acuerdo con lo conocido por El Espectador, una de las principales razones de su absolución en el caso habría sido porque el 8 de septiembre de 2020, Abudinen delegó a su secretaria general, Adriana Vanessa Meza, las funciones de adelantar, ejecutar y dirigir las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación del ministerio mediante la firma de un acto administrativo.
Al respecto, el que se mostró inconforme con la decisión es William Dau, exalcalde de Cartagena inhabilitado por la Procuraduría por nueve años para ejercer cargos públicos debido a presuntas irregularidades en un contrato durante la pandemia por el COVID-19. Para el exmandatario local es claro que en el órgano de control no existe la imparcialidad.
“Esto es un simple botón de muestra de la manera en que está politizada la Procuraduría. Margarita Cabello lleva la vocería de Álvaro Uribe y de Iván Duque, ella es la vocera, se pone a opinar sobre cosas de política nacional que ella no tiene por qué estar opinando, lo que tiene que hacer es resolver y castigar a los bandidos”, dijo a los micrófonos de la W Radio.
“No hubo detrimento patrimonial”
Del mismo modo, indicó que en su caso no hubo detrimento patrimonial, debido a que, según dijo, cuando firmó el contrato para la compra de pruebas COVID-19 durante la pandemia, inmediatamente se dio cuenta de las irregularidades, actuando con celeridad.
“Yo mismo cancelé ese contrato, no se pagó ni un centavo, además de eso yo le cobré cláusula penal del 10% y me lo dieron. O sea, pero qué dice la procuraduría: inhabilitado 9 años por contrato de $735 millones por pruebas Covid, lo que la gente piensa: ‘Uy ese Dau es un corrupto, se robó la plata’. Lo que no dicen es que ahí no hubo detrimento patrimonial alguno. A esta señora que se les desaparecieron $70.000 millones y no le hacen nada”, expuso visiblemente ofuscado.
El exalcalde insistió en que la Procuraduría está politizada, tomando como base a sus posturas las decisiones. “En mi caso están todos los documentos, que dijeron que pudo ser mejor, y por eso me inhabilitan nueve años, sin ningún detrimento, con todos los sinvergüenzas que hay en Colombia”, afirmó.
En su concepto, los casos que está llevando la procuraduría contra una persecución política y eso está causando un tremendo detrimento patrimonial al Estado. “Que me hayan sancionado por decir que la Universidad de Cartagena es un nido de ratas, por haber dicho que la procuraduría no hace nada por Cartagena ni por Colombia, cosas así, cuando hay cosas de verdad, delitos, actuaciones delictivas que investigan y le meten recursos del Estado”, apuntó en la entrevista.
Adicionalmente, puntualizó que no se trata de eliminar la Procuraduría, sino de identificar los “pícaros” que eligen a los procuradores. “Tenemos un país de pícaros, de bandidos, de sinvergüenzas, que son los que eligen el procurador, y el procurador está ahí para besarle los zapatos a esa misma gente. Entonces tú me rascas la espalda y yo te la rasco, nunca actúan de manera objetiva”, aseveró a W Radio.
