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La entrada Carlos Ramón González neutralizó información de Andrés Idárraga sobre denuncias de narcotráfico se publicó primero en Pluralidad Z.
Hoy se realizaría la audiencia pública convocada por Andrés Idárraga en Tunja desde las nueve de la mañana en el auditorio CREM en la alcaldía de la capital del departamento de Boyacá.
En esta segunda audiencia se conformaría la primera mesa técnica anticorrupción liderada por el saliente consejero de transparencia de la presidencia Andrés Idárraga quien recientemente declaró a los medios de comunicación que: “En Boyacá reina el miedo”.
Sacaron a Andrés Idárraga
El pasado 3 de mayo, mientras se destapaba el escándalo de corrupción por las declaraciones de Esneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, un testigo clave entregaba en Bogotá información contundente al consejero Andrés Idárraga con pruebas comprometedoras de los vínculos de narcotráfico con el partido verde en Boyacá, denuncia que no está aislada de la reciente incautación en el puerto de Barranquilla de 2.453 kilos de cocaína camufladas en un cargamento de carbón que salió del municipio de Samacá y tenía como destino principal Bélgica.
El Gobernador de Boyacá Carlos Amaya quien públicamente había anunciado su delicado estado de salud en distintos eventos e incluso había cancelando su participación en la audiencia de rendición de cuentas de sus primeros 100 días de gobierno, argumentando que ya habría solicitado una licencia al Ministerio del Interior por dos meses para salir del país con el propósito de someterse a un tratamiento médico, sorpresivamente después del escandalo del tres de mayo que involucra al partido verde en corrupción se curó, por lo que le informo a un medio local que milagrosamente estaba bien de salud y solo tomará la licencia de paternidad por 15 días, su salud esta perfecta.
La audiencia publica de este 6 de mayo destapaba el mayor escándalo de corrupción y narcotráfico en la historia de Boyacá que salpica a varios funcionarios del gobierno nacional quienes son de la línea política de Sandra Ortiz.
Las fuentes humanas de esta audiencia hoy temen por su vida, están al descubierto teniendo en cuenta que entregaron documentación al consejero de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga la cual hoy reposa en la Casa de Nariño y por supuesto en las manos de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y actual director Nacional de Inteligencia.
No hay institucionalidad en Colombia, pese a la salida de Idárraga la audiencia pública debería realizarse con otros funcionarios de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia con participación de la Fiscalía y órganos de control (Procuraduría y Contraloría), incluso debería estar presente la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y la DIRAN Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. No obstante, esta se canceló.
En línea con lo anterior, la directora de Fiscalías de Boyacá vive en un mundo paralelo, Lizeth Natalia Franco Reyes quien acaba de ser nuevamente ratificada en su cargo guarda total silencio ante todos los escándalos destapados por medios nacionales, no investiga y es complaciente no solo con la corrupción sino con el narcotráfico.
Lo que no sabe es que la DEA ya está con los ojos puestos en Boyacá.
La información que entregaría públicamente hoy la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica de los vínculos de narcotráfico con campañas políticas en Boyacá fue neutralizada por el mayor accionista del partido verde, Carlos Ramón González quien presuntamente según informó una fuente de palacio a esta columna, pidió la cabeza de Andrés Idárraga.
Un medio de comunicación reveló en las últimas horas que uno de los principales implicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD es Carlos Ramón González, así lo afirmo Olmedo López quien solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se le permita acceder a un principio de oportunidad. Insisto, los testigos de Boyacá están entre la vida y la muerte.
La audiencia pública anticorrupción de Tunja no era un evento aislado de corrupción regional, era la punta del iceberg de una estructura criminal del partido verde con alcance nacional que no solo se apropió de los recursos públicos, también participó de lavado de activos y que presuntamente han recibido dineros del narcotráfico.
Dicho lo anterior, algunos convocantes de la audiencia, han manifestado que se encuentran encerrados en sus casas con temor de ser asesinados en el departamento de Boyacá.
Hoy la vida de los testigos es responsabilidad de Lizeth Natalia Franco Reyes directora de Fiscalías de Boyacá quien está en la obligación constitucional de brindarles seguridad por la gravedad de las denuncias y de las pruebas ya aportadas a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica que hoy se desconoce en manos de quien están.
Es posible que estas pruebas se obstruyan y se oculten para proteger a Sandra Ortiz y por supuesto a Carlos Andrés Amaya.
También es posible que algunos testigos terminen en las cifras de líderes sociales asesinados en impunidad, sin embargo, es inevitable que los organismos internacionales antinarcóticos estén con en la lupa en Boyacá, no solo Estados Unidos sino también la Unión Europea, entre otras cosas porque la cocaína incautada tenía como destino Bélgica.
El partido verde es el cáncer del gobierno del cambio y está haciendo metástasis, en las últimas horas pudimos conocer que Olmedo López ratificará la implicación de la ex consejera Sandra Ortiz en el caso de la UNGRD, dejando en firme que Sandra fue la mensajera para la entrega del dinero en efectivo, en maletas negras, en billetes de 50.000 y 100.000 pesos.
El fin de semana se conoció un borrador del decreto que concentraría las fuerzas de inteligencia del país (Policía, Ejército, Armada, UNP) en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la cual está en poder del partido verde.
Todas las instituciones mencionadas pasarían a responderle a dicha dependencia del Ejecutivo, hoy dirigida por el cuestionado Carlos Ramón González, la implicación de este decreto es revivir y legitimar el terror del DAS que aún no ha desaparecido y respira desde la UNP para proteger y alimentar las mafias desde las fuerzas militares.
Así las cosas, todas las investigaciones que hoy cursan e implican a Olmedo López llegarían a manos de quien presuntamente dio la orden de la operación para girar los 4.000 millones de pesos al congreso, el hombre más poderoso del partido verde, Carlos Ramón González, quien hoy tiene en sus manos las vidas de los testigos que han denunciado a su partido por vínculos con corrupción, lavado de activos y narcotráfico los mismos que hoy realizarían la audiencia pública en Tunja Boyacá.
Es importante señalar, que estas pruebas aportadas por los testigos y entregadas a Andrés Idárraga en los últimos días, hoy los exponen y posiblemente pueden desaparecer.
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