La dura batalla del Ministerio del Trabajo con General Motors

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El Ministerio del Trabajo, encabezado por Gloria Inés Ramírez Ríos, ha tomado una decisión sin precedentes al decretar medidas cautelares contra General Motors, Colmotores S.A, Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S y Zoficol SAS, marcando un hito histórico en la protección de los derechos laborales.

Hace unas semanas, General Motors publicó una carta en la que informaba sobre el cierre de sus instalaciones en Colombia y Ecuador, lo que resultaría en la desvinculación laboral de cientos de empleados, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, quienes estiman que la cifra asciende a 728 trabajadores afectados.

General Motors no puede despedir trabajadores hasta que sea autorizado

Después de que se hiciera pública la resolución de la empresa del sector automotriz, el ministerio liderado por Gloria Inés Ramírez programó una inspección en las instalaciones de la compañía.

Fue el descubrimiento durante esta visita lo que, de acuerdo con la ministra, condujo a la aplicación de medidas cautelares.

Según lo explicado por la ministra, de acuerdo con las normativas laborales, era necesario obtener la autorización correspondiente antes de llevar a cabo el despido masivo del personal de estas empresas, requisito que no fue respetado en esta oportunidad.

Las medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo prohíben a las empresas iniciar cualquier proceso de reorganización, disolución o liquidación, así como la terminación de contratos laborales de manera masiva, hasta que se resuelva la solicitud de despido colectivo de más de 600 trabajadores de la planta ubicada en Bogotá.

“La decisión obedece a la falta de garantía y certeza frente a la condición de los y las trabajadoras involucradas en el trámite de autorización para la clausura de labores total y de forma definitiva y en consecuencia el despido colectivo de los trabajadores”, dijo la ministra.

La ministra Ramírez explicó que estas medidas son consecuencia de la falta de garantías para los trabajadores y la falta de cumplimiento de las normas laborales por parte de la empresa.

Por otra parte, el ministerio evidenció que, a pesar de la solicitud de clausura de labores, General Motors no estaba en proceso de desmonte y se negaba el ingreso a los trabajadores.

Estas disposiciones permanecerán en efecto hasta que se tome una determinación definitiva en el proceso administrativo relacionado con la solicitud de cierre de operaciones presentada por la empresa.

El cierre de la planta de Colmotores, con más de 70 años de historia en Colombia, implicaría el despido de más 550 empleados, impactando no solo a la industria colombiana sino también en la estabilidad de cientos de familias que dependen de estos puestos de trabajo.

Estas acciones del Ministerio del Trabajo buscan proteger los derechos laborales y evitar prácticas abusivas por parte de las empresas, que a veces utilizan estrategias de reorganización para evadir responsabilidades y desvincularse de sindicatos.

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