Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general sectorial durante seis días a partir del mes de octubre y amenazan con un parón indefinido desde el 23 de diciembre de 2024. En concreto, la iniciativa afectará a los días 28 de octubre; 11, 28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre y apela a “cerca de medio millón de trabajadores”, según han detallado los sindicatos. Los paros, de carácter estatal, se darán en el transporte de mercancías por carretera, el transporte público urbano en autobús, el transporte de viajeros por carretera y el transporte sanitario.
Según han explicado en una rueda de prensa, el motivo principal de la convocatoria es la falta de mejoras en el acceso a la jubilación en una profesión que, consideran, tiene elevada penosidad. En concreto, los representantes de los trabajadores llevan años pidiendo coeficientes reductores para retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación y una modalidad de jubilación parcial voluntaria. Estas peticiones están sujetas a la voluntad de las distintas patronales y del Gobierno, por lo que la huelga es contra ambos.
Las organizaciones denuncian un “bloqueo sistemático” del proceso para que se reconozca la penosidad del transporte por carretera y se diseñen una condiciones de jubilación más favorables. UGT y CCOO solicitaron la aplicación de los coeficientes ya en 2011 para los conductores de vehículos pesados, pero “después de trece años, el expediente no se ha resuelto y continúa en el cajón”, explican.
Según la normativa actualmente vigente, para que la Seguridad Social establezca un coeficiente reductor a una ocupación, la solicitud se puede hacer bien con acuerdo de los empresarios y los trabajadores o de oficio por la propia Seguridad Social (artículo 10 del el Real Decreto 1698/2011). En la práctica, hay procesos atascados por falta de acuerdo en el seno de las empresas y el Gobierno tampoco ha agilizado la tramitación, como sucede con los transportistas.
Los agentes sociales pactaron una reforma en julio que aún no se ha aprobado
Conscientes de estos problemas, los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmaron un pacto en materia de pensiones en julio de 2024 que incluía una reforma del sistema de reconocimiento de los coeficientes reductores en actividades con elevados índices de “penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad”. La reforma se efectuará vía real decreto y el Ejecutivo pretendía que estuviera aprobado para finales del año 2024, pero la falta de apoyos parlamentarios amenaza con retrasar el proceso.
Según el texto del acuerdo, la reforma consiste en retocar los indicadores para el reconocimiento de los coeficientes reductores que permitan rebajar la edad ordinaria de acceso a la pensión de jubilación en determinadas ocupaciones, pero la jubilación anticipada sin reducción de la pensión solo será reconocida “cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo” en una ocupación determinada, según explicó el ministerio.
El texto incorpora novedades para acreditar que existen las condiciones penosas, aunque el proceso por el cual se inician las solicitudes se mantiene. La principal novedad viene por la parte de que se amplían los “indicadores objetivos” que la Seguridad Social tendrá en cuenta para justificar el establecimiento de coeficientes reductores.
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