El representante Alejandro Ocampo radicó una denuncia en contra de la procuradora Margarita Cabello ante la Fiscalía, para pedir que se le investigue por lo que considera extralimitaciones en las que habría incurrido en la elección del recto de la Universidad Nacional, la sanción del superintendente de Servicios Públicos y suspensión del director de la Sociedad de Activos Especiales.
“Nosotros creemos que ella ha abusado de su poder, ha cometido prevaricato, consideramos que ha actuado de manera política con la idea de perturbar, de molestar, de entorpecer de manera ilegal el Gobierno de Gustavo Petro persiguiendo personas, haciendo y cometiendo acciones arbitrarias que no puede cometer, para ella también hay justicia, a ella también hay quien la investigue”, sostuvo Ocampo frente a la Fiscalía.
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En la denuncia, el representante del Pacto Histórico describe tres hechos en los que considera que se evidencia la presunta intromisión de Cabello en asuntos fuera de su competencia, por los que pide que se realice una investigación. “Los colombianos no podemos permitir que sigan sucediendo las cosas que han venido sucediendo”, señaló.
(RICARDO MALDONADO ROZO/)
El primer caso se refiere a la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia. Según el Consejo Superior Universitario, José Ismael Peña fue elegido como rector el 21 de marzo de 2024. Posteriormente, la Procuraduría solicitó información al Consejo y emitió un concepto que confirmaba la legalidad del proceso electoral.
Sin embargo, esta intervención ha sido señalada por Ocampo como una posible extralimitación de funciones. “La intervención de la Procuraduría en este proceso podría haber excedido sus competencias y constituir un posible abuso de funciones y prevaricato por acción,” afirmó Ocampo.
Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, es otro caso relevante en la denuncia. Pérez fue destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría, lo cual, según Ocampo, podría constituir prevaricato por acción.
Ocampo argumenta que esta decisión podría haberse debido a motivaciones políticas y que la Procuraduría se habría excedido en sus competencias al interferir en decisiones autónomas del ámbito administrativo. “La destitución de Pérez muestra indicios claros de prevaricación por acción y una posible actuación contraria a la ley,” declaró Ocampo.
Otra situación destacada es la suspensión provisional de Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en relación con el caso de Triple A.
Ocampo ha señalado que la suspensión de Rojas Medellín también presenta signos de ser una intervención indebida por parte de la Procuraduría.
Según el denunciante, esta acción ignoró el principio de legalidad y podría haber sido dirigida por motivos políticos, constituyendo otro ejemplo de prevaricato por acción. “La Procuraduría habría interferido indebidamente en decisiones administrativas autónomas, indicó Ocampo.
La Procuradora Margarita Cabello había intervenido en estos casos bajo el argumento de mantener la legalidad y el orden en los procesos administrativos. Sin embargo, Ocampo sostiene que estas acciones van más allá de sus competencias establecidas, por lo que pide que se investiguen para mantener la institucionalidad del país.
“No vamos a permitir que termine siendo impune acciones que nosotros consideramos que son contrarias a la ley, así que esperamos que la Fiscalía pueda investigar esta acción de la señora procuradora”, agregó el representante Ocampo al respecto.
El Gobierno nacional ha tenido varios choques con la Procuraduría por cuenta de una serie de decisiones que consideran que no hacen parte de sus funciones. Recientemente el presidente Gustavo Petro rechazó que desde el Ministerio Público se solicitara suspender el trámite de la reforma pensional.
“No hay una función específica de la procuraduría que le asigne la función de suspender un trámite legislativo. Estamos ante un evidente abuso del poder”, señaló el mandatario al respecto.
