La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido denunciada en la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el contexto de la muerte de 50 personas durante las protestas en contra del Gobierno.
La demanda fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el martes 25 de junio.
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, aseguró que se tomó la decisión de acudir a fueros internacionales debido a que no existen garantías en el sistema judicial peruano. “No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero”, precisó a Infobae Perú.
La demanda, que está basada en los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que durante el conflicto se perpetraron múltiples actos de asesinato e intento de asesinato contra la población civil.
(JOHN G. MABANGLO/)
El documento detalla que las muertes y lesiones graves ocurrieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, periodo en el cual se registraron 49 asesinatos y al menos 155 víctimas de lesiones graves.
Entre los episodios citados está el caso de Juliaca, Puno, donde 18 personas fallecieron en un lapso de cuatro días. Cano resaltó que uno de los argumentos del documento es la estigmatización de los manifestantes, quienes fueron calificados de terroristas para justificar el uso letal de la fuerza.
Asimismo, la demanda destaca las promociones y apoyos otorgados a militares involucrados en las represiones, como el caso del exministro de Defensa Alberto Otárola, quien, tras los incidentes en Andahuaylas, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros.
¿Cuál es el proceso que seguirá la demanda?
Luego de que se haya presentado la documentación a la Fiscalía de la Corte, con todos los argumentos necesarios, la Fiscalía de la CPI evaluará si el caso reúne todos los requisitos de competencia y si se apertura un examen preliminar. “Ellos son los que tienen que producir la prueba”, explicó.
“Nosotros hemos identificado esa cadena de mando, donde está la presidenta de la República, el entonces primer ministro, el ministro de Defensa, así como los altos mandos policiales y militares”, mencionó.
Ahora, la entidad internacional tendrá que verificar si esta información es exacta para determinar si a estos individuos se les abre un procedimiento.
“Hemos evaluado cada una de las situaciones ocurridas en Andahuaylas, Ayacucho, en Juliaca, así como otros lugares como Arequipa y Pichanaqui. Para nosotros, no solo hay patrones de actuación, sino también patrones lesionales. Hay patrones también en las víctimas, principalmente por la organización que se tuvo, los elementos que se utilizaron”, aseveró la abogada.
“Los demás elementos constituyen ejecuciones. Como la misma investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humano lo señaló, en Ayacucho se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales, y también el uso letal de la fuerza, tanto en Andahuaylas, como en Juliaca. Todos esos elementos, la organización, el tiempo que duró, por dónde previnieron, el plan de operaciones. Todos los elementos que se han podido evaluar para nosotros constituyen efectivamente delitos de lesa humanidad”, añadió.
Gloria Cano puntualiza, además, que de llevarse a cabo un proceso judicial internacional en contra de la mandataria peruana, el Ministerio Público podría solicitar una orden de arresto y el caso podría culminar también en una condena. De esta manera, Boluarte podría enfrentar un proceso de captura internacional.
“Esperemos que (el tiempo que se demore la CPI) sea menos de un año, para que pueda evaluar. Sabemos la carga laboral que tienen, así como el foco personal que tiene la Fiscalía. Lo importante es que ya está el caso en conocimiento de esta institución y que con los elementos que se han alcanzado, más lo que podríamos ir alcanzando en el tiempo”, afirmó.
