Izquierda Unida se ha congratulado de los acuerdos entre fuerzas de “izquierdas” que van a permitir la investidura del socialista Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, pero, aunque ha puesto en valor las medidas sociales pactadas con En Comú, ha reiterado sus críticas al acuerdo fiscal que el PSC ha suscrito con ERC y ha alertado de que la generalización de ese modelo “llevaría a un sistema confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial”.
Por eso, la formación que lidera el andaluz Antonio Maíllo se compromete a seguir “trabajando para que las políticas de izquierdas, también en materia tributaria con la reforma fiscal necesaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado”.
Así lo asegura en un comunicado en el que saluda ese acuerdo entre “fuerzas progresistas” porque, a su juicio, supone “la vuelta a la política en el marco de la legalidad”, permitirá continuar avanzando en la normalización entre Cataluña y el resto del Estado” y “cierra las puertas a un posible gobierno de la derecha nacionalista”.
Además, la coalición de izquierdas está convencida de que el PSC y las fuerzas que le apoyan “antepondrán las prioridades sociales que necesitan las clases populares catalanas” y pone en valor los “contenidos más sociales” de los acuerdos suscritos, especialmente los alcanzados con En Comú en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda.
REFORMA FISCAL PROFUNDA
Pero IU también ha vuelto a vincular la reforma del sistema de financiación autonómica a una “profunda reforma fiscal” que “enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas, y acabe con el ‘dumping’ tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha”.
Para la coalición, “sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial”.
“La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora -incide- no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es, la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan”.
Como ya hizo la semana pasada nada más conocerse el acuerdo firmado entre el PSC y ERC en materia fiscal, IU reitera sus “discrepancias” e incide en que la “profunda revisión” que hay que hacer del modelo de financiación autonómica “debe ser simultánea en todos los territorios del Estado atendiendo a las problemáticas que tienen cada uno de ellos”.
COMPENSAR DESIGUALDADES TERRITORIALES
En su opinión, se necesita un sistema de solidaridad entre territorios que no solo “cubran los gastos comunes generados por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc.) sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo”.
“El desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuáles sean sus nacionalidades o en qué lengua se expresen”, asevera IU.
A su juicio, solo desde esta “premisa redistributiva se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios”. Además, recalca que “cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación que arrastran distintas comunidades”.
CONTRA LA ORDINALIDAD
También muestra su rechazo a la aplicación del criterio de ‘ordinalidad’ –incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC y según el cual “la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita”– pues lo considera “contrario al principio de equidad” y cree que “haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan”. “Nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial”, alerta.
Por contra, defiende un nuevo modelo que atienda las necesidades generales de toda la ciudadanía y también “aquellas específicas de los territorios infrafinanciados en los últimos años”. IU dice no tener duda de que Cataluña también ha padecido este problema, con un déficit de financiación en importantes infraestructuras, como el sistema eléctrico o el sistema ferroviario, pero avisa de que generalizar el modelo del acuerdo PSC-ERC al resto del Estado “imposibilitaría la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad”.
