El Tribunal Constitucional (TC) se dispone esta semana a exonerar parte de la malversación del ‘caso de los ERE’ al estudiar los recursos que presentaron cinco excargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla y confirmados por el Tribunal Supremo por el uso irregular de subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes jurídicas, que precisan que lo previsible es que la mayoría progresista del Pleno apruebe las ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán sobre los recursos del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román, y del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
El Pleno tiene reservados los días martes, miércoles y jueves para deliberar sobre una batería de asuntos, entre los que figuran estos cinco recursos relativos a los ERE. Abordará estos casos después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.
Ahora, el Pleno tiene sobre la mesa los recursos de cinco excargos que, aunque todos fueron condenados por los ‘ERE’, participaron de distinta manera en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales, por lo que no todas sus condenas fueron iguales ni todos sus recursos los son. Por ende, no todas las ponencias a deliberar esta semana son iguales.
Dichas fuentes sostienen que allí radica la complejidad de este Pleno: aunque hay una línea argumental básica que se repite, luego cada caso tiene sus propios matices, porque no todos los condenados ocuparon los mismos cargos ni actuaron en los mismos años.
Una de las mayores diferencias, apuntan las fuentes consultadas, recae en el paraguas legal que, según el TC, tuvieron los que participaron entre 2002 y 2009 –cuando se elaboraron y aprobaron los anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos andaluces– frente a los que lo hicieron entre 2000 y 2001 –cuando todavía no había esa ley de presupuestos y solo se hicieron modificaciones–.
ANTONIO FERNÁNDEZ, EXCONSEJERO DE EMPLEO
En el caso del exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, la ponencia de la vicepresidenta Montalbán propone exonerarle parte de la malversación.
En concreto, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo pronunciamiento “exclusivamente” en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, lo que se traduciría en una rebaja de su condena porque sí perdona el resto de la malversación.
Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación. Fue condenado no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenios particulares con el director general de Trabajo a través del que se materializaron varias ayudas.
La ponencia del Constitucional propone perdonarle parte de la malversación y deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que –en calidad de viceconsejero de Empleo– realizó para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
También excluye las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo entre 2002 y 2009 bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, pero que excedieron su ámbito de cobertura porque se hicieron en “ausencia de fin público”, señalan las fuentes consultadas.
Ya en la sentencia relativa a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el Constitucional fijó que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En este sentido, el tribunal concluyó que no son asuntos gubernativos sujetos de control jurisdiccional y que “si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor”.
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO, EXCONSEJERA DE HACIENDA
Bajo este mismo argumento, Montalbán propone al Pleno que se exonere toda la malversación de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.
El texto propone ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia “exclusivamente” en lo relativo al delito de prevaricación, no así con el de malversación, en el que considera que no hay retroacción posible y aboga por su exoneración.
Según anunció el propio Constitucional, no será hasta el 16 de julio que el Pleno estudie los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente.
Ese día, los magistrados también deliberarán sobre los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.
