El Congreso ha prorrogado una semana más el plazo de enmiendas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar de forma extraordinaria a 500.000 migrantes y que desde Sumar y Podemos, socios del PSOE, pedían que se acelerase.
Según ha podido confirmar Europa Press, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo miércoles 11 de septiembre para registrar sus enmiendas parciales a la iniciativa popular.
La Mesa del Congreso, con el voto de PP y PSOE, ya amplió el plazo de enmiendas parciales en junio hasta después del verano, pese a las protestas de Sumar y Podemos, y en ahora en septiembre se ha acordado prorrogar una semana más, de nuevo con la oposición de los representantes del grupo confederal.
La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.
En las últimas semanas, a raíz del debate en materia de inmigración que ha generado el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias y la gira africana del presidente Pedro Sánchez, el socio minoritario del Ejecutivo y Podemos han exigido a los socialistas “aprobar de una vez por todas” la ILP.
Aunque no son los únicos, en junio, ERC también presentó un escrito en la Cámara Baja pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede “consentir” que esta iniciativa popular “caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria”.
RESPALDO DE 800 ONGS
Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso, se han reunido más de 700.000.
En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.
La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.
