La Comisión de Venecia ha avisado, en su informe preliminar, que los criterios de la ley de amnistía “no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos”, al tiempo que ha cuestionado el procedimiento de urgencia de la norma “dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes”.
Fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.
Así, el informe señala que “no hay ningún problema de separación de poderes” mientras “la decisión sobre la amnistía es adoptada por el juez sobre la base de los criterios generales contenidos” en la ley.
La Comisión de Venecia señala que las amnistías “deben ajustarse a la Constitución” y que el control de constitucionalidad “se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos”. Señala además que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional y que la Comisión no es la competente en este sentido. Además, no entra a evaluar su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.
En este punto, la Comisión de Venecia expone que las amnistías “suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política”, que son “objetivos legítimos” pero a los que debe seguir un procedimiento que “debe inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos”. Por tanto, entiende que la tramitación de la ley de amnistía no es apropiada realizarla por la vía de urgencia “dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes”.
Así, señala que “dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos”. “Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad”, recalca, al tiempo que afirma que “la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías”. “En opinión de la Comisión, la proporcionalidad exige que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación”, destaca.
Además, avisa sobre las comisiones de investigaciones a jueces en sede parlamentaria que a éstos no se les puede exigir que informen sobre el fondo de los casos que han decidido “a nadie ajeno al Poder Judicial”.
Por último, la Comisión de Venecia observa que el proyecto de ley de amnistía se ha presentado con “una consulta limitada del público, de las partes interesadas y de otras instituciones del Estado”, suscitando “una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en las autoridades españolas y en la sociedad”.
Por ello, la Comisión anima a tomar “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado” y la oposición “con el fin de lograr la reconciliación social y política”.
No obstante, la Comisión de Venecia hace tres recomendaciones en cuanto al ámbito material y temporal de aplicación del proyecto de ley de amnistía. Por un lado, recomienda definir “de forma más precisa el ámbito material y temporal” de aplicación de la norma, “para hacer más previsibles los efectos de la ley”. Dice que la amnistía debe atenerse a la seguridad jurídica, “ya que de lo contrario socavaría la confianza pública en la observancia y el respeto de la Constitución y la ley”.
De hecho, la Comisión subraya que la ley “deberá ser interpretada y aplicada por los jueces en cada caso para determinar si cada caso puede acogerse a la amnistía”. “La falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surja un gran número de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley”, avisa, a la vez que alerta de que “se corre el riesgo de trasladar los conflictos del ámbito político al judicial”, algo que “no sería coherente con la finalidad de la amnistía como tal”.
VÍNCULOS CON REFÉRENDUM DE 2017
En cuanto a la igualdad en la ley, el informe expone que considera que el vínculo entre “las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias” y los actos cubiertos por la amnistía no es “lo suficientemente fuerte” porque “la amnistía también podría cubrir a muchos ciudadanos que han cometido delitos ordinarios que poco o nada tienen que ver con las tensiones sociales que dieron lugar a la ley de amnistía”.
“Esto haría cuestionable la justificación de los privilegios especiales y vulneraría el principio de igualdad con respecto a quienes han cometido los mismos delitos comunes por otros motivos o durante periodos diferentes, y no se benefician de la despenalización que supone la amnistía”, dice la comisión, que “reitera su recomendación de definir de manera más restrictiva y precisa el ámbito de aplicación de la amnistía”.
Por otra parte, el borrador hace referencia a que en el proyecto de ley los actos tipificados como delitos de terrorismo –con salvedades adicionales– “sólo quedan excluidos de la amnistía si ha recaído sentencia firme”. “Por lo general, la amnistía se aplica también a los procedimientos pendientes, por lo que el criterio de la fase del procedimiento” es “irrelevante”, apunta.
A INSTANCIAS DEL SENADO
La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP.
De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.
En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión recalcando que “la amnistía es una herramienta para la reconciliación”. “Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva”, ha escrito en redes.
