Organismos nacionales e internacionales advirtieron a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, por los cambios que pretende impulsar en el Tribunal de Cuentas provincial.
La Asociación de Entidades de Organismos de Contralor del Mercosur y el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas manifestaron su rechazo por temor a que las entidades del control dejen de tener autonomía para auditar las cuentas públicas.
Lo que llamó la atención fue la iniciativa del gobernador Vidal de modificar los cargos en el Tribunal provincial, ya que ahora pretende que los miembros sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, siendo uno de los vocales propuesto por la primera minoría.
En la actualidad los vocales del Tribunal de Cuentas sólo pueden ser enjuiciados a través del Tribunal de Enjuiciamiento, tal como sucede también con los jueces de la provincia.
El principal cambio se daría en el artículo 5 de la ley 500, que hace referencia a cómo son designados y cómo pueden ser removidos los integrantes del Tribunal, quienes por el momento tienen los mismos derechos que un juez o magistrado del Poder Judicial.
A su vez, de acuerdo al último proyecto del gobierno de Santa Cruz, los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas se mantendrían en el cargo hasta ser reemplazados. Y se buscaría cambiar su composición también, ya que actualmente son abogados y pasarían a ser contadores y solo un letrado.
“Toda amenaza a la estabilidad de los integrantes de órganos de Control Público por razones o mediante mecanismos, ajenos a la normativa aplicable en el momento de su designación, constituye una afectación objetiva al principio de independencia”, resaltó en su comunicado la Asociación de Entidades de Organismos de Contralor del Mercosur.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo en las últimas semanas cuando el 18 de abril se anunció la salida de Carlos Ramos, quien hasta entonces era el presidente del Tribunal y ocupaba el cargo desde 2011. Por el momento su lugar sigue vacante.
Tras un encuentro con el gobernador Vidal, el ahora ex titular del Tribunal de Cuentas provincial comunicó a través de un escrito que su decisión era de carácter “indeclinable”. Además, agregó que desempeñó su cargo “con absoluta honradez”.
Por su parte, el mandatario santacruceño resaltó que fue “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco”. “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”, enfatizó.
A pesar de los términos cordiales para su salida y la idea del “cumplido un ciclo”, lo que llamó poderosamente la atención fue que en la Legislatura está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales Romina Gaitán y Matilde Morales, nombradas en la gestión de Alicia Kirchner. Mientras que Ramos fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.
Además, el vicegobernador Fabián Leguizamón denunció a Carlos Javier Ramos porque su falta de control al frente del Tribunal le “posibilitó el robo” al kirchnerismo, perjudicando “a los santacruceños durante tantos años”. “Ramos prefirió renunciar antes que ser sometido a un juicio político”, aseguró Leguizamón.
Sin embargo, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas rechazó la actitud del vice de Vidal, recordando que los únicos funcionarios enjuiciables a través del juicio político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Para finalizar, determinó “disponer por parte de este Secretariado el seguimiento de la situación institucional que vive el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz de manera de preservar el control de los dineros públicos de cualquier situación política coyuntura”.
Los antecedentes
Desde diciembre del 2023 la oposición al gobierno de Santa Cruz viene señalando que la gestión de Claudio Vidal estuvo anticipando su jugada mediáticamente, “amenazando” con realizar auditorías y denuncias a los representantes del Tribunal de Cuentas.
Lo que no se estaba enfocando era la parte política, evitando hablar de posibles irregularidades de los funcionarios anteriores. Y, luego, destacaron que la estrategia oficialista pasó a ser la presión hacia Carlos Ramos, personalizando el asunto.
Por su parte, el vicegobernador Leguizamón había denunciado penalmente a Ramos y a Matilde Morales y Romina Gaitán (vocales del Tribunal de Cuentas) en febrero, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión, para solicitar después el juicio político. La respuesta fue denominarlo como “escándalo” judicial.
El kirchnerismo sospecha que se trataría de una “pantalla” para remover a quienes llegaron al Tribunal durante la gestión de Alicia Kirchner y acusaron a Claudio Vidal de conformar su espacio de gobierno con amplia mayoría de dirigentes afines al ex gobernador Daniel Peralta.
