El Gobierno ha dado un paso adelante en la reforma de pensiones al aprobar una orden que representa un cambio significativo en el cálculo de la pensión de jubilación, especialmente para aquellos que han completado periodos de prácticas o programas de formación investigadora. Esta medida permitirá a antiguos alumnos universitarios, de formación profesional (FP), y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas, recuperar hasta cinco años de estos periodos como cotizados, lo que influirá directamente en el cálculo de su futura pensión de jubilación.
Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta iniciativa ya ha sido desarrollada a través de una orden que forma parte integral de la reforma de pensiones impulsada por el actual gobierno. El objetivo de esta medida es doble: por un lado, busca ampliar los derechos de los trabajadores más jóvenes o aquellos que están comenzando a incorporarse al mercado laboral; por otro, intenta corregir desequilibrios pasados, brindando la oportunidad a quienes no tuvieron la posibilidad de cotizar durante sus periodos de prácticas.
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La ministra Elma Saiz destacó la importancia de esta medida como una forma de ampliar los derechos de los alumnos, permitiéndoles iniciar una carrera de cotización y estar cubiertos por la Seguridad Social mientras realizan sus prácticas. Para ser elegibles, las prácticas no remuneradas deben haberse realizado antes del 1 de enero de 2024, mientras que las prácticas remuneradas deben haberse efectuado antes del 1 de noviembre de 2011, sin límite de antigüedad.
Una de las características más notables de esta medida es que establece una base de cotización mínima correspondiente al grupo 7 de cotización por contingencias comunes, aplicándose un coeficiente reductor del 0,77. Esto se traduce en un coste de casi 290 euros por cada mes recuperado, un monto que los interesados pueden abonar en un pago único o fraccionado en tantas mensualidades como meses se formalice el convenio.
Este convenio especial cubrirá específicamente las prestaciones de jubilación, así como de incapacidad permanente y las de muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes. Con esta iniciativa, el gobierno no solo busca mejorar las condiciones de jubilación de quienes hayan completado periodos de prácticas académicas o profesionales, sino también integrarlos de manera efectiva en el sistema de Seguridad Social.
La orden que facilita la suscripción a este convenio especial entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual los interesados dispondrán de dos años de plazo para presentar su solicitud de suscripción.
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Con esta medida, el gobierno demuestra su compromiso con la mejora de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores jóvenes y de aquellos que están por incorporarse al mercado laboral, reconociendo la importancia de las prácticas profesionales y de formación como parte integral de la experiencia laboral y su contribución al cálculo de la futura pensión de jubilación.
