En México, el fenómeno de Dragon Ball y Goku trascendió las pantallas para convertirse en un evento de gran convocatoria entre los fans del anime. Este acontecimiento, que generó una reunión masiva para la visualización de los episodios finales de la saga “Dragon Ball Super”, desató un inesperado conflicto diplomático entre México y Japón.
La saga Dragon Ball Super ocupó un lugar destacado en la cultura mexicana del anime. Fue eje de múltiples expresiones de fanatismo que van desde el merchandising informal hasta las reuniones públicas para ver los episodios en conjunto. Sin embargo, la intención de llevar esta afición a un nivel superior por parte de los fans en Coahuila (estado mexicano), impulsados por el gobierno estatal, se encontró con un obstáculo mayor: los derechos de autor y la protección del contenido digital.
Durante 2018 se transmitió Dragon Ball Super, sobre todo el final de la serie, con los capítulos 130 y 131. Ante la importancia del programa para México, que habitualmente organizaba reuniones en casa de amigos, el Gobierno de Coahuila quiso acompañar a su pueblo. La decisión era transmitir estos dos episodios, o al menos el anteúltimo, en un lugar común: un estadio o una plaza. Así, todos los fanáticos estarían juntos para presenciar el fin de la saga.
Toei Animation, el estudio detrás de la creación y distribución de Dragon Ball, se enteró del plan de Coahuila y no tardó en manifestar su descontento con la idea de proyecciones públicas masivas de los episodios finales de Dragon Ball Super.
A través de un comunicado en su cuenta de X, el estudio dejó clara su posición: no autorizaban ni apoyaban eventos que fomentaran la visualización de sus contenidos sin el correspondiente pago en plataformas licenciadas como “Crunchyroll”. Sin embargo, al estado de Coahuila no le pesó ni importó el comunicado. Decidieron no dar marcha atrás y seguir según lo organizado.
Viento esta decisión de hacer caso omiso, la situación escaló y hasta la Embajada de Japón en México tuvo que intervenir. Envió una carta al entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en la que se pedía la cancelación del evento en favor del respeto a las leyes de derechos de autor.
La reacción ante la posición de Japón y Toei Animation fue mixta entre las autoridades y los fans: no estaban para nada contentos con el problema que planteaban desde Asia. Pero no les quedó más remedio que hacer caso. El Gobierno de Coahuila optó por no proceder con la proyección masiva, acató las solicitudes de Toei Animation y la Embajada de Japón en México.
Sonia Villareal, entonces alcaldesa de Piedras Negras, una ciudad en Coahuila, expresó en su cuenta de X su descontento y asombro frente a la decisión del gobierno japonés: “Recibí una carta del Gobierno de Japón con un mensaje que me sorprende y entristece. ¡Nos prohibieron pasar el capítulo de Dragon Ball Super! Cumplimos con los trámites de solicitud. No podremos verlo y festejar la victoria de Goku juntos, pero espero disfruten del capítulo”.
En otro estado mexicano sí se transmitió
El caso de la Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, tuvo un final feliz. A diferencia de Coahuila, donde los planes de proyectar los episodios finales de Dragon Ball Super se vieron frustrados, en Juárez, el escenario fue distinto. Más de 15 mil fans del anime se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad, un espacio emblemático de la ciudad, para ser testigos del final de la saga.
La diferencia radicó en la manera en que las autoridades de Juárez manejaron la situación. El encargado municipal, Armando Cabada anunció, a través de su cuenta en X, el éxito de las negociaciones entre Crunchyroll, la plataforma de distribución de anime, y Toei Animation. “Con el poder de las Esferas del Dragón, logramos cumplir el deseo de la juventud Juarense. Las negociaciones entre Crunchyroll y Toei Animation fueron fructíferas. ¡Ya tenemos el permiso para ver Dragon Ball en la X! ¡Vamos bien!-AC”, publicó Cabada.
