El hacinamiento en los centros de detención transitoria de Bogotá continúa siendo un problema crítico para la ciudad. Las URIs (Unidades de Reacción Inmediata) tienen un hacinamiento de 144%, pues hay casi tres mil personas recluidas, lo que supera los 1.227 cupos disponibles.
Si bien desde el 2018 el hacinamiento va en aumento, entre 2020 y 2023 esté ha superado el 160%, lo que genera problemas de salud y seguridad dentro de los centros penitenciarios. A la par, dificulta que pueda seguir siendo efectiva la judicialización para contrarrestar la inseguridad en las calles.
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Para abordar esta crisis, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán ha propuesto en el Plan Distrital de Desarrollo una inversión de más de 265.000 millones de pesos para la “descongestión carcelaria”, que incluye mecanismos de justicia restaurativa.
De hecho, una de las metas sobre los servicios centrados en la justicia es “implementar un plan de descongestión carcelaria, tratamiento a las personas privadas de la libertad y acompañamiento en el post egreso”, como indica el documento radicado ante el Concejo de Bogotá.
Este programa buscaría promover la conciliación y mediación entre víctimas y victimarios, con el objetivo de alcanzar acuerdos que eviten el encarcelamiento del delincuente a cambio de la reparación del daño causado.
Las críticas al plan que busca “justicia restaurativa” para mediar conflictos en Bogotá y reducir hacinamiento
Sin embargo, esta medida ha generado controversia. El concejal del Centro Democrático Julián Uscátegui expresó su preocupación: “Los criminales, que no respetan el patrimonio, la vida y la integridad de los bogotanos, mucho menos van a respetar un acuerdo para reparar a sus víctimas. De aprobarse esta medida estaríamos promoviendo altos índices de impunidad y fomentando nuevas y peores olas de inseguridad”.
Las personas que cometan delitos como hurto y violencia intrafamiliar serían las principales beneficiadas por esta medida, indica el concejal. Esto es problemático porque en los primeros tres meses de 2024, se reportaron 11.785 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, un 51% más que en el mismo periodo de 2023. En paralelo, durante lo corrido del 2024 se han denunciado 22.196 robos de teléfonos móviles en Bogotá, lo que representa el 45% de todo el registro de 2023.
Con estos datos, las cuentas de Uscátegui indican que serían unas 1.700 personas las que estarían en libertad en lugar de ir a las cárceles.
Debido a estas preocupaciones, el concejal Uscátegui ha solicitado modificar el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo. En cambio, propone utilizar esos recursos para la ampliación y adecuación de más infraestructura carcelaria. El cabildante dice que así se podría cumplir con los estándares internacionales en cuanto a cupos y custodia de personas privadas de la libertad.
No obstante, hay que mencionar que dos de las metas fijadas en el Plan Distrital de Desarrollo sí están encaminadas a mejorar la infraestructura carcelaria de la ciudad.
“Los ladrones y violentos deben ir a la cárcel y responder por sus actos. No podemos dejarlos en libertad. En Bogotá deberíamos invertir el dinero en garantizar más cupos en las cárceles y no en promover medidas de impunidad”, enfatizó Uscátegui.
La propuesta de Galán y la oposición de Uscátegui plantean un debate crucial sobre cómo manejar el problema del hacinamiento carcelario en Bogotá y cómo equilibrar la necesidad de justicia con la capacidad del sistema penitenciario.
Las otras metas en seguridad, consignadas en el plan de desarrollo de Galán
Además del descrito anteriormente, los otros componentes que integran los servicios centrados en la justicia que la Alcaldía se ha fijado como meta son:
- Ampliar en ocho infraestructuras la oferta de servicios de justicia (dos nuevas casas de justicia, tres centros integrales de justicia y tres CTPs).
- Llegar a 83 equipos interdisciplinarios para las Comisarías de Familia en Bogotá, de acuerdo con la ley 2126 de 2021.
- Poner en operación cuatro infraestructuras para la atención de las personas privadas de la libertad.
- Implementar un mecanismo para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y juzgamiento.
- Implementar el Sistema Distrital de Justicia para articular los servicios de acceso a la justicia.
