La Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que inicie indagaciones preliminares contra el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, por el presunto delito de peculado de uso.
La solicitud se produce tras la difusión del informe periodístico de “Punto Final” que reveló presuntas acciones irregulares por parte de Salhuana y su asesora, Saby Meza Malqui, en favor del empresario minero Saxi Arapa. Asimismo, la Procuraduría ha pedido investigar a Meza y al empresario involucrado en el caso.
En concreto, de acuerdo al dominicial, Salhuana y Meza actuaron en una audiencia en el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas para presuntamente favorecer a Arapa en su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), después de que el Gobierno Regional de Madre de Dios lo había excluido del registro.
Línea de tiempo
Según el reportaje, este conflicto salió a la luz tras un enfrentamiento entre los mineros Herasmo Mestas y Eloy Saxi Arapa por una concesión minera en proceso de formalización.
Específicamente, documentos muestran que Salhuana defendió a Saxi en un litigio contra el Gobierno Regional de Madre de Dios, y aunque el congresista lo niega, la evidencia sugiere que ejerció como abogado de Saxi hasta junio de 2021.
Además, la asesoría legal por parte de Salhuana podría haberse extendido incluso después de que asumiera su cargo en el Congreso, indicando un posible conflicto de interés.
Siguiendo esa línea, en diciembre de 2022, un aviso del Ministerio de Energía y Minas (Minem) relacionado con Saxi fue enviado a la oficina de Salhuana en Puerto Maldonado, contradiciendo sus anteriores declaraciones de no estar involucrado.
Por su lado, Saby Meza, asesora de Salhuana y especialista en derecho minero, admitió haber representado a Saxi, aunque negó conflicto de interés y, por el contrario, afirmó haber cesado su representación tras conocer el previo patrocinio de Saxi por parte de Salhuana durante un viaje.
Bajo este contexto, la posible influencia del congresista de APP también ha sido criticada, ya que su vinculación podría haber beneficiado a Saxi con la derogación del Decreto Legislativo 1607, a través de la promulgación de la Ley N.° 31989, aprobada en marzo por el Legislativo.
Según análisis de expertos, tales como Manuel Zapata, abogado especialista en delitos ambientales y vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta facilita la operación de mineros en proceso de formalización, eliminando restricciones previas y, potencialmente, favoreciendo la minería ilegal, una actividad que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), moviliza más de 8.500 millones de dólares anualmente en el país.
Congreso rechazó a minero que denunció a Salhuana
En paralelo, fuentes de Infobae Perú dieron a conocer que Herasmo Mestas fue rechazado por la Comisión de Ética del Congreso tras denunciar a Salhuana por supuestamente haber intercedido irregularmente a favor del empresario Eloy Saxi Arapa.
Como informó la Unidad de Investigación de Latina Noticias, en 2020, Saxi Arapa logró inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sobre un terreno ya ocupado por Herasmo Mestas, con asesoría legal de Salhuana, quien era su abogado en ese momento.
Sin embargo, a pesar de que Mestas se presentó ante dicha comisión del Parlamento para reportar tal hecho, dicha comisión, a cargo del congresista Diego Alonso Fernando Bazán, decidió, por mayoría, “rechazar de plano la denuncia interpuesta”.
Denuncian que Salhuana promueve leyes a favor de la minería ilegal
Al mismo tiempo, diversas organizaciones en defensa de la Amazonía, incluidos el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y otras entidades de la sociedad civil, han solicitado una investigación exhaustiva contra el parlamentario de APP, debido a que ha presentado cinco proyectos de ley enfocados que debilitarían las acciones para frenar la minería ilegal.
Dentro de este conjunto, resalta el PL 2715/2021-CR, que propone limitar las facultades de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) para intervenir en actividades mineras ilegales.
También, el PL 04587/2022, que facilitaría a los Gobiernos regionales la autorización para explotar bosques y simplificando el tráfico de madera, de acuerdo a especialistas en materia ambiental.
Y, el PL 6259/2023, con el que Salhuana propuso la construcción de tres obras viales en Madre de Dios, incluida una carretera de 96 kilómetros, que afectaría directamente áreas ecológicamente sensibles como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios.
