El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma significativa en la protección asistencial del desempleo, fruto de un acuerdo firmado el pasado 8 de mayo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Esta reforma, que entrará en vigor en noviembre de 2024, busca ampliar los colectivos beneficiarios del subsidio por desempleo y aumentar la cuantía de esta prestación.
Entre los nuevos beneficiarios de esta ayuda se encuentran diversos grupos que, hasta ahora, habían quedado excluidos de las prestaciones de desempleo. Este cambio permitirá que las víctimas de violencia de género o sexual puedan acceder al subsidio, un avance crucial en la protección de estos colectivos vulnerables. También se incluyen en la lista los emigrantes retornados, lo que proporcionará un alivio económico a quienes decidan volver a España tras trabajar en el extranjero.
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Del mismo modo, las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla podrán beneficiarse de esta nueva normativa, así como los trabajadores eventuales agrarios. Este último grupo había quedado rezagado en términos de protección social, y la reforma busca equiparar sus condiciones con las del régimen general. Además, se amplía la cobertura a menores de 45 años sin responsabilidades familiares y a aquellos que acrediten periodos cotizados de menos de seis meses, sin responsabilidades familiares.
Una medida destacada de esta reforma es la equiparación de los subsidios de desempleados agrarios de Andalucía y Extremadura con los del régimen general. Esta igualdad de condiciones busca eliminar las disparidades regionales y proporcionar una base más justa para la prestación de desempleo. Asimismo, se igualan las cuantías de los desempleados que trabajaban a tiempo parcial con los de jornada completa. Esta modificación es especialmente beneficiosa para las mujeres, quienes suelen ocupar una mayor proporción de trabajos a tiempo parcial. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado esta reforma de “profundamente feminista”, subrayando su compromiso con la igualdad de género.
Otra novedad significativa a partir de 2025 es la posibilidad de recibir la ayuda mientras se está trabajando, durante un periodo de 180 días. Esto será aplicable siempre que sea por cuenta ajena y que el salario no supere los 18.900 euros brutos anuales, equivalentes a 1.350 euros mensuales. Esta medida busca facilitar la reintegración en el mercado laboral sin sacrificar la protección económica en los primeros meses de empleo.
Aumento de la cuantía del subsidio
La reforma también implica un incremento en la cuantía del subsidio. Se eleva el porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), utilizado para calcular las prestaciones. Durante los primeros seis meses, la cuantía del subsidio se situará en el 95% del IPREM, llegando hasta los 570 euros mensuales, lo que supone un aumento de 90 euros respecto a la normativa anterior. Tras estos seis meses iniciales, el porcentaje se reducirá al 90 %. A partir de este período y hasta completar un máximo de 30 meses, la cuantía del subsidio se mantendrá en el 80% del IPREM, equivalente a unos 480 euros mensuales, manteniendo así la proporción establecida hasta ahora.
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Esta reforma representa un avance significativo en la protección social en España y cumple con uno de los hitos asociados al cuarto pago de los fondos europeos, que ascienden a 10.000 millones de euros. La mejora en las condiciones de acceso y la cuantía del subsidio beneficiará a una amplia gama de colectivos, proporcionando un soporte económico esencial en momentos de desempleo.
Según fuentes del Gobierno, con esta reforma se refuerza el compromiso de España con la justicia social y la igualdad de oportunidades, haciendo del sistema de prestaciones por desempleo un mecanismo más inclusivo y equitativo. Los cambios introducidos no solo buscan mejorar la cobertura social, sino también fomentar una recuperación económica más sólida y equitativa para todos los ciudadanos.
