Las múltiples quejas contra el nuevo modelo de salud para los docentes de Colombia, que está a cargo de la Fidupresivora, han generado una ola de críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por poner a andar un nuevo sistema que, al parecer, fue “improvisado” y que ahora está poniendo en riesgo a los usuarios. La situación puso en alerta a la Procuraduría General de la Nación, que se pronunció al respecto.
Por medio de un comunicado, el organismo de control informó que la procuradora Margarita Cabello Blanco anunció la apertura de acciones disciplinarias por presuntas irregularidades que se pudieron presentar en la transición hacia el nuevo modelo de salud para el magisterio. Dicho sistema empezó a implementarse el 1 de mayo de 2024, por mandato del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
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De acuerdo con la funcionaria, en efecto, el modelo antiguo fue modificado de manera “improvisada” y que, incluso, en reiteradas ocasiones prendió las alarmas por la falta de garantías para la prestación de los servicios de salud bajo este sistema. Pues, el Ministerio Público identificó que no se habían firmado contratos con los prestadores de los servicios, por lo que no había manera de velar por la salud de los maestros. “El remedio resultó peor que la enfermedad”, dijo Cabello, citada por la Procuraduría.
Las advertencias y alertas terminaron materializándose por la falta de contratos formales, por los que ahora no se puede confirmar que los proveedores contarán con sus respectivos pagos y, además, los pacientes tienen incertidumbre frente a sus tratamientos y acceso a la salud en general.
De hecho, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que hace parte del Fomag, exigieron al Gobierno Petro dar cumplimiento a lo pactado para poder ejecutar con eficacia el nuevo modelo de salud. El presidente del sindicato de profesores, Domingo Ayala, aseguró en Blu Radio que la situación por la que están pasando los pacientes no es el resultado de un sabotaje al nuevo sistema, como lo ha mencionado la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Más bien, señaló a la Fiduprevisora de no estar comprometida con lo acordado y de ser la responsable de la crisis, puesto que, según datos con los que cuenta, ha recibido todos los recursos necesarios para una correcta implementación del sistema, pero no lo ha logrado. “Fiduprevisora tiene todas las partes de los recursos para ello, y entonces allí empiezan a plantearse situaciones que se han venido presentando”, aseveró Ayala en conversación con la emisora.
En abril de 2024, antes de que se pusiera en marcha la transición al nuevo modelo, la Procuraduría había indicado que las fallas en este acarreaban no solo la contratación, sino también la infraestructura, el presupuesto y la logística. “Para el Ministerio Público, empezando, la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo”, añadió el organismo de control en un comunicado.
Así las cosas, desde que empezó la implementación del sistema, los docentes se han quejado por las trabas que han surgido para acceder a su derecho a la salud. Hay quejas por dificultades para el suministro de medicamentos y el aplazamiento de procedimientos médicos.
“La no atención a los pacientes, la falta de medicamentos, la no atención para pacientes crónicos, imposibilidad para agendar citas médicas y la pésima atención de servicio al cliente (sic). En lo corrido del 2024 van 14.353 reclamos en Colombia y la situación se agudiza en aquellos casos donde tanto docentes como sus familias con enfermedades crónicas, requieren de una atención inmediata”, detalló el senador Gustavo Moreno durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado.