En total, 570 personas han buscado refugio en una iglesia cristiana en el sector de La Peña de Suárez, como consecuencia de los intensos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc. Los combates han forzado a estas familias a abandonar sus hogares en búsqueda de seguridad, según informó RCN Radio.
Las circunstancias se han dado en medio de los ataques de las disidencias del grupo guerrillero del lunes 20 de mayo, cuando dos uniformados de la Policía fueron asesinados, mientras que cuatro civiles resultaron heridos.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Al respecto, José Luis Ambuila, coordinador de la guardia cimarrona, explicó que las familias afectadas solicitaron ayuda a sus líderes a través de llamadas y mensajes en redes sociales para escapar de los combates, en los que han predominado explosiones y disparos.
“Las mismas comunidades pidieron ayuda a la guardia, por eso llegamos al sector, a pesar de los combates para atenderlo, tranquilizarlas para después ayudarlas a salir de sus casas porque eran muy fuertes los ametrallamientos y las explosiones”, afirmó Ambuila en declaraciones recogidas por RCN Radio.
Una vez en el lugar, con el apoyo de entidades humanitarias y misiones médicas, los desplazados recibieron comida, elementos de aseo y colchonetas, brindados por entidades médicas y organizaciones humanitarias que han ido al punto del conflicto. Este respaldo fue crucial para que las familias pudieran pasar la noche en este centro religioso del sector de La Peña, en el municipio caucano.
Las autoridades y entidades humanitarias esperan brindar más apoyo a estas comunidades en los próximos días, mientras el Ejército Nacional trabaja para recuperar el control del área rural.
Ahora bien, según el medio, los combates han generado un ambiente de alta tensión en la comunidad. Por eso, Ambuila hizo un llamado urgente para que se realice una inspección a partir de la cual se puedan identificar riesgos de explosión que puedan afectar a la población civil.
“Lo que pedimos es que se haga un barrido a la zona porque sabemos que hay muchos explosivos en los caminos que no estallaron y eso representa un riesgo para la población, especialmente para los niños, por eso no dejamos que salgan de este centro cristiano”, solicitó el líder social.
(Ernesto Guzmán/)
La situación de desplazamiento no es única en Suárez; en el vecino municipio de Santander de Quilichao, las autoridades y los gobernadores indígenas han ordenado la suspensión de clases en las instituciones educativas rurales para proteger a los estudiantes de quedar atrapados en medio de las confrontaciones. La medida tiene como objetivo evitar que niños y jóvenes se vean afectados por la violencia del conflicto armado en la región.
La Procuraduría se pronunció
El conflicto en el suroccidente del país ha sido motivo de preocupación a pesar de los esfuerzos internacionales y gubernamentales en diálogos de paz. La Procuraduría ha cuestionado el aumento de la violencia en esta región, y ha puesto un foco mayor en aparentes las contradicciones entre los diálogos y la realidad en terreno.
El ente acusador ha señalado una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. La escalada de actos terroristas ha dejado al menos ocho muertos, incluidos menores de edad, adultos mayores y miembros de comunidades indígenas. Estos actos fueron perpetrados por grupos al margen de la ley en municipios como Miranda, Morales, Suárez, Jamundí y Dagua, según reportó la misma institución.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, denunció los ataques enérgicamente y destacó el impacto devastador sobre la población civil. “Estas acciones violentas son inaceptables y representan una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario”, subrayó. Además, informó sobre posibles alianzas entre estos grupos ilícitos para llevar a cabo actividades como desplazamientos forzados, secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores y extorsión.
“Ante la situación, el procurador hizo un vehemente llamado al Gobierno para que se articule con gobernaciones y alcaldías de estas jurisdicciones mecanismos que conlleven «a recuperar la seguridad, el orden público y se brinde la asistencia humanitaria a la población civil afectada por estos actos terroristas»”, afirmó.
