Esquerra Republicana llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pretende que la Cámara condene la existencia de “guerra judicial” en España y plantea una serie de medidas para luchar contra el ‘lawfare’ y los bulos, con la intención de medir hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su anunciada regeneración democrática.
Los de Gabriel Rufián registraron esta iniciativa después del parón de cinco días que se tomó Sánchez después de que Manos Limpias denunciara a su esposa, Begoña Gómez, por sus actividades privadas, y ha aprovechado la campaña electoral de las europeas para someterla a votación en el Pleno.
En primer lugar, ERC aspira a que el Congreso reconozca la existencia de “casos guerra judicial” contra el independentismo catalán, vasco y los partidos de izquierdas y que inste al Gobierno a crear una comisión de expertos, que incorpore a personas propuestas por los grupos parlamentarios, para analizar estos casos de ‘lawfare’ y proponer medidas legislativas, administrativas y organizativas para acabar con estas prácticas y para “el resarcimiento justo de las víctimas”.
Además, busca que el Congreso dé al Ejecutivo un plazo de tres meses para proponer medidas con vistas a la “regeneración democrática” del Estado, del Poder Judicial”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios secretos, así como para avanzar en la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal, la elusión fiscal, las noticias falsas y “los ataques al honor y la integridad de las personas”.
REFORMAR LA LEY MORDAZA Y LA DEL CNI
Asimismo, los de Gabriel Rufián proponen impulsar la derogación de la ‘ley mordaza’ y la reforma de la que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Secretos Oficiales, para permitir el acceso a la información pública con las únicas limitaciones previstas en la Constitución y por un tiempo limitado.
Otra de sus demandas es la “depuración” de las ‘cloacas’ del Estado, con medidas penales y administrativas “para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas” y para separarlos de los lugares susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito.
También pide actuaciones destinadas a prevenir, identificar, perseguir y castigar los abusos policiales y judiciales y cambiar la ley para garantizar la renovación en plazo de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Esquerra considera necesario, asimismo, modificaciones legislativas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años, y endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos (estudiando cómo incorporar a los familiares directos) y evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias.
En el ámbito de los medios de comunicación estatales, plantea crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas, gestionado por los colegios profesionales y representantes académicos, que vele por evitar la desinformación y acredite a los medios responsables ante los “eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación”, en aras de “garantizar el derecho constitucional a una información veraz.
Esquerra también emplaza al Gobierno a prohibir el enaltecimiento del fascismo y el nazismo y a cumplir con todas las resoluciones de organismos internacionales destinadas a garantizar los derechos humanos, políticos y democráticos, con mención expresa a la dictadas por la ONU y el Consejo de Europa en favor de los líderes independentistas condenados por el ‘procés’.
