Barcelona/Madrid, 25 may (EFE).- Los jueces españoles han recibido esta semana a través de su correo corporativo una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.
Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el documento, denominado “Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía”, se envió el pasado lunes al correo oficial de los jueces, perteneciente al dominio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que suelen recibir información oficial y también de asociaciones.
Las fuentes han explicado que ese correo, de uso exclusivo para miembros de la carrera judicial, “se utiliza de manera inadecuada muy a menudo” y advierten de que, como ocurre con todo lo relacionado con la amnistía, esa “supuesta guía va más allá de lo ordinario” ya que apunta a contener formas y medios para no aplicar una ley que, recuerdan, aún no está en vigor.
El documento, de 200 páginas y que actualiza una versión que ya circula desde el pasado mes de enero, lo envió al correo de los jueces un magistrado de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que es miembro de la Plataforma, creada en 2010 para exigir la “despolitización” de la justicia.
La guía contiene indicaciones sobre cómo llevar la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional e incluye modelos para facilitar la redacción de las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que puedan plantear los jueces, además de avanzar los “probables efectos” que ello tendría sobre la aplicación de la normativa.
La interposición de una cuestión prejudicial ante la justicia europea comporta la paralización de la aplicación de la ley de amnistía en el caso concreto de que haya suscitado las dudas del órgano judicial, pero la guía va más allá y apunta a que también se pueden elevar a los tribunales europeos las medidas cautelares u órdenes de busca, que de esa forma podrían seguir vigentes.
La ley de amnistía, no obstante, establece que su entrada en vigor -prevista para el próximo viernes una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- comporta el levantamiento de las órdenes de busca y las medidas cautelares.
En la introducción a la guía, la Plataforma sostiene en su página web que la ley adolece de “vicios de inconstitucionalidad y de contrariedad de la normativa europea sobre salvaguarda del Estado de Derecho, contra la malversación de caudales y contra el terrorismo”.
“Las agresiones a la separación de poderes, a la seguridad jurídica, y, sobre todo, al principio de igualdad ante la Ley, resultan manifiestas”, según la plataforma, que añade que la ley es fruto de una “devolución de favores entre miembros de la clase política, clase que a partir de ahora podrá afirmarse disfruta de privilegios exorbitantes ajenos al común de los ciudadanos”. EFE
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