La Audiencia de Barcelona ha condenado a prisión permanente revisable a Cristina Rivas, la mujer que confesó matar a su hija Yaiza en Sant Joan Despí (Barcelona) el 31 de mayo de 2021, cuando la niña tenía cuatro años.
De acuerdo con el veredicto del jurado, que la declaró culpable por unanimidad, el magistrado presidente de la sala ha redactado la sentencia, consultada por Europa Press este miércoles, que le aplica la máxima pena teniendo en cuenta como agravante que la víctima era su hija y como atenuante que confesó el crimen.
El juez también le ha impuesto una orden de alejamiento durante 10 años respecto al padre de la niña (su ex) y los abuelos paternos de la menor, y deberá indemnizar al padre con 250.000 euros y a los abuelos con 75.000 euros cada uno.
Una vez la sentencia sea firme, se derivará a otro juzgado para que valore si investigar a la mujer por presuntamente maltratar psicológicamente a su ex, algo que pidió el fiscal en el juicio al considerar que la finalidad del crimen fue “hacerle el mayor daño posible no solo con la muerte sino en recalcarle que es por venganza y por su culpa”.
En este sentido, el veredicto que el jurado emitió el viernes de la semana pasada valoró por unanimidad de los nueve jurados que la mujer planificó el crimen de forma “metódica” y con la intención de dañar a su ex pareja y padre de la niña.
PLANIFICACIÓN “METÓDICA”
Siguiendo el veredicto del jurado, la sentencia recoge que Rivas intentó reiteradamente retomar la relación con el padre de su hija, que la rechazó, y el “enfado, rabia, tristeza y frustración en la acusada se materializó en la metódica planificación de la muerte de su hija y de su propio suicidio con el objeto de causar el mayor sufrimiento posible” al hombre.
Como ella misma contó en el juicio, la sentencia constata que Rivas dio fármacos a la niña la noche antes y, al darse cuenta de que al día siguiente seguía viva, la asfixió.
Durante el juicio, la defensa intentó que, a pesar de haber confesado, Rivas quedara exenta de responsabilidad penal, para lo que esgrimió un supuesto trastorno mental que solo avaló un psicólogo contratado por la defensa y a quien contradijeron tres peritos públicos.
