Un tribunal de Hong Kong ha condenado este jueves a 14 líderes opositores por “conspirar para cometer un acto de subversión” por su papel en las elecciones primarias no oficiales de julio de 2020 para elegir a los candidatos al Parlamento para los frustrados comicios de septiembre.
Entre los condenados destacan los exdiputados del Partido Demócrata Lam Cheuk Ting y Helena Wong Pik Wan, y los exconcejales de distrito Clarisse Yeung Suet Ying y Kalvin Ho Kai Ming, según ha informado el diario chino ‘South China Morning Post’.
Además, la sala ha declarado inocentes a los exconcejales de distrito Laurence Lau Wai Chung y Lee Ye Shun, siendo los primeros acusados absueltos desde la implementación de la polémica ley de seguridad nacional por parte de Pekín en Hong Kong en 2019.
Por su parte, el director de Human Rights Watch (HRW) en China, Maya Wang, ha asegurado que “la democracia es un delito”, que los condenados solo “querían que los ciudadanos eligiesen libremente a su Gobierno” y que se trata de un “desprecio absoluto” de los procesos democráticos y del Estado de derecho.
Los 16 líderes prodemocracia hongkoneses pertenecen a los 47 activistas acusados en 2021 de fomentar la subversión en el territorio según lo estipulado en la ley de seguridad nacional de la ciudad, que en su momento supuso el mayor pliego de acusaciones formulado contra la oposición hongkonesa desde la entrada en vigor de la mencionada legislación.
Leon Tong Ying se convirtió en la primera persona en ser condenada bajo la normativa, con una sentencia a nueve años de prisión, tras acercarse en una motocicleta a varios agentes de Policía con una bandera instando a la “liberación” de Hong Kong.
Desde que China aprobó la ley, 291 personas han sido detenidas por “poner en peligro la seguridad nacional”, según datos recabados hasta diciembre de 2023. De todos ellos, 174 han sido imputados y otros 112 han sido condenados o se encuentran a la espera de conocer la sentencia.
Cabe destacar que el pasado mes de marzo las autoridades hongkonesas presentaron una nueva ley de seguridad nacional, que complementa a la anterior, tipificando nuevos delitos y endureciendo las penas a prisión contra aquellos que comentan traición, sedición, subversión o sedición, una medida que muchos consideran perjudicial para las voces disidentes y está llamada a toparse con las duras críticas de la oposición.
