David Luna, senador de Cambio Radical, lanzó un cuestionamiento público a través de su cuenta de X (antes Twitter), dirigido al Gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre una supuesta operación de inteligencia denominada “Orión”, nombre recordado por una guerra urbana de la Comuna 13 de Medellín (Antioquia), desarrollada en 2002.
En su mensaje, el legislador de oposición expresó su preocupación por la posibilidad de que la administración gubernamental esté empleando esta operación para reprimir a aquellos que tienen opiniones divergentes.
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Luna detalló que envió cartas a varias instituciones, incluida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Industria Militar de Colombia (Indumil) y la Unidad Nacional de Protección (UNP). En dichos escritos, solicitó información específica sobre si alguna de estas entidades o sus miembros han estado involucrados en la mencionada operación de inteligencia.
Las solicitudes están dirigidas a los líderes de estas organizaciones, como a Luis Carlos Reyes, que, a pesar de su reciente nombramiento como ministro de Comercio, cuando envió la carta era el director de la Dian; a Luis Eduardo Llinás, en calidad de director de la Uiaf; a Juan Carlos Mazo, en su rol como director de Indumil; y a Augusto Rodríguez, que funge como director de la UNP.
El senador hizo hincapié en la importancia de la transparencia y el derecho del país a conocer la verdad sobre estas alegaciones. “El país merece saber si es cierto que el Gobierno del Presidente Petro ha construido una estructura de policía política para aplastar a todo el que piense distinto a ellos”, escribió Luna en su post.
En su mensaje, el congresista adjuntó copias de las cartas enviadas a las diferentes instituciones, instándolas a proporcionar respuestas claras y rápidas. Su objetivo es obtener una confirmación o refutación de estas acusaciones lo antes posible, pero esto provocó un sinfín de comentarios al respecto.
La solicitud de Luna generó un debate público sobre el uso de la inteligencia y la seguridad por parte del Gobierno. Algunos respaldaron su llamado a la transparencia, con la idea de que es fundamental para mantener la confianza en las instituciones del país. Otros expresaron escepticismo sobre las acusaciones, instando al senador y a otros políticos a presentar pruebas concretas antes de hacer afirmaciones tan serias.
Operación Orión, 2002
La Operación Orión, llevada a cabo en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 17 de octubre de 2002, y extendida en los meses posteriores, sigue siendo un episodio emblemático en la historia del conflicto armado colombiano. Este operativo militar, acordado entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín, representó la mayor acción militar realizada en área urbana en Colombia.
La Comuna 13 había sido durante años un epicentro de violencia y control territorial por parte de diversos actores armados, por guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc-EP, así como grupos paramilitares y bandas delincuenciales.
De esta manera, la Operación Orión fue planificada y ejecutada con el objetivo de retomar el control del territorio en manos de grupos armados ilegales. Según Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada en ese momento, que lideró la operación junto con Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, Orión estaba dirigida contra “la guerrilla, las autodefensas ilegales y la delincuencia común” que dominaban barrios enteros de la Comuna.
Sin embargo, la operación fue objeto de críticas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil debido a las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante su ejecución. Entre las modalidades de violencia desplegadas durante Orión se destacan las capturas arbitrarias, las detenciones selectivas y las desapariciones forzadas.
Además, se presentaron numerosas denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado, como las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía.
