Después de la escandalosa audiencia que había protagonizado con el dirigente Juan Grabois ante la Cámara Federal, la abogada del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni se dirigió hacia el quinto piso de Comodoro Py para ratificar la denuncia por corrupción dentro de la cartera que dirige Sandra Pettovello: volvió a apuntar contra el encargado de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que hasta la semana pasada estuvo a cargo de Pablo De la Torre, echado tras la polémica por las toneladas de alimentos a punto de vencer en depósitos que tiene el organismo, y habló de repartos de dinero en dólares vía contrataciones. Pero su declaración también sirvió para retratar cómo fue que un funcionario dio detalle de esas irregularidades.
Según pudo saber Infobae, Gianni estuvo más de dos horas ante la fiscalía que conduce Ramiro González. Y se encargó de subrayar: “Quiero aclarar que ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”. Y admitió que están haciendo auditorías para saber si en otras áreas se repitió ese escenario.
La denuncia del Gobierno fue sorteada este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002. Recayó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien delegó la instrucción en el fiscal Ramiro González. La primera medida fue escuchar a la denunciante que ya tenía citada en el edificio: una audiencia en la Cámara Federal contra la medida cautelar que dictó el juez Sebastián Casanello y que sirvió para desnudar que había litros de leche almacenados que estaban por vencerse. En ese contexto apareció la denuncia contra De la Torre.
Gianni declaró bajo juramento de decir verdad que tomó conocimiento a raíz de los medios de comunicación de “ciertas irregularidades en los cobros de dinero de consultores contratados” por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a pedido de esa secretaría en donde se mencionaba al funcionario Federico Fernández. La abogada contó que entonces se lo convocó el 29 de mayo al ex edificio de Desarrollo Social.
En ese relato, la abogada afirmó: “Le preguntamos que tenía para explicar en función de lo que se decía en los medios de comunicación. En esa reunión comienza a relatar que el ‘Drive’ donde había una lista de 100 personas fue creado por un amigo suyo de quien no quiso dar el nombre y empezó a explicar que después de una reunión que tuvo en Casa Patria situada en Carlos Pellegrini 1289 de esta ciudad, donde estuvo presente (el funcionario Agustín) Sánchez Sorondo, Lucia Ravskowsky y Maximiliano Keckseli le comentaron que como en la Secretaria de Niñez estaban trabajando aproximadamente 50 personas y todavía no podían ser designadas, los habilitaron a efectuar la contratación a través de la OEI”, afirmó. Agregó que Keckseli, secretario de coordinación legal y administrativa de Capital Humano, “autorizó a Sorondo, Ravskovsky y a Fernández a que contraten a estas personas por la OEI”.
“Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionaros que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”, afirmó Gianni.
La funcionaria afirmó que después de esa reunión le dijeron que los acompañara hasta la Secretaría de Trabajo, para transcribir los hechos y notificar a la Oficina Anticorrupción. “Ingresamos con Fernández, quien ingresó por sus propios medios, libre y de forma voluntaria”, se encargó de resaltar. Allí estaban Facundo Etchenique, Secretario de Coordinación Legal y Administrativa; Fernando Cerezeski, Jefe de Gabinete de Capital Humano y Facundo Marin Fraga para que pudiera transcribir lo que Federico Fernández nos había contado. Después, convocamos a un escribano, Horacio Pablo Chiesa, quien firmó el acta, que acompañó la denuncia. También estuvo presente en dicho encuentro Julio Cordero.
“Quiero aclarar que Fernández estaba nervioso, asustado, tenía miedo que a raíz de lo que nos había contado le pasara algo”, dijo la encargada de legales de la cartera de Pettovello. “Cuando terminamos de escribir todos los hechos relatados por Fernández, llamó a su abogado y refirió que prefería no firmarla. Después se fue por sus propios”, continuó Gianni, quien señaló que está todo grabado por las cámaras de la Secretaria de Trabajo y las de la Secretaría de Niñez.
La fiscalía le preguntó cómo ingresaba al Ministerio la gente que estaba trabajando a la espera de un contrato. Gianni subrayó que todo pasaba por la secretaría de De la Torre. Y subrayó que Fernández, Director General de Administración y Finanzas, respondía a un subsecretario de Administración, Alejandro Schiavi, y el jefe de este era el funcionario que fue removido de su cargo.
Pero también le pidieron detalles sobre cómo ingresaba el dinero proveniente del acuerdo aludido al Ministerio. “La OEI le transfiere el dinero a cada consultor. Los fondos son del Estado, se transfieren a la OEI por distintos ítems y a los consultores los elige la Secretaría de Niñez quien indica que los contrate. La OEI les paga previa certificación de un funcionario de la Secretaría de Niñez, no sabemos quién lo certificaba en este caso, el que lo puede aportar es el secretario Schiavi”, afirmó.
Sobre el convenio entre la organización y este ministerio, la abogada señaló que se suscribe y eso le permite al propio Ministerio o independientemente a las Secretarías “utilizar actas complementarias para ejecutarlo en diferentes componentes como ser consultores, licitaciones, contrataciones, entre otros”. “El área requirente le solicita a la Dirección de Financiamiento Internacional de cada Secretaría la contratación de una cantidad de consultores, indicando sus montos. Esa dirección de financiamiento canaliza el pedido con la OEI. El monto máximo es de aproximadamente $1.300.000. Después ya desconozco el procedimiento”, completó.
La funcionaria detalló que hay varias áreas habilitadas para suscribir este tipo de convenios: la Secretaría de Niñez, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación. También reseñó que la Secretaría de Cultura no tiene Servicio de Administración Financiera, sino que lo hace vía Capital Humano. Y precisó que “la Secretaría de Prevención contra la Violencia lo hace a través de Justicia”.
“Aclaro que este tipo de contratos a través de la OEI se hicieron en todas las gestiones”, advirtió. La funcionaria afirmó que a raíz de esto se abrió un sumario en el Ministerio que afecta a Héctor Calvente, Lucia Ravskovsky, Fernando Molina Pico y Pablo de la Torre, todos desplazados.
