Congresistas de cinco bancadas suscribieron la iniciativa legislativa del congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, que busca declarar en reorganización a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público. Este proyecto de ley permitiría la reestructuración profunda de estas instituciones del sistema judicial del país.
Como se sabe, los magistrados que integran el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encargan de elegir a los fiscales y jueces.
El proyecto de ley 8040/2023-CR, de nombre “Ley de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público y deroga el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución”, cuenta con el apoyo de congresistas de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia.
El documento sugiere añadir una Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política. Esta disposición establece que, al finalizar el mandato de los actuales miembros de la JNJ, sus funciones serán asumidas temporalmente por una comisión reorganizadora.
Esta comisión estará compuesta únicamente por los expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), quienes elegirán entre ellos a un presidente y un vicepresidente interinos.
“Los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia concluyen su mandato con la entrada en vigor de esta Disposición Transitoria Especial. Asume transitoriamente las funciones de la Junta Nacional de Justicia una comisión reorganizadora integrada exclusivamente por los ex presidentes del Tribunal Constitucional, quienes entre ellos eligen a su presidente y vicepresidente”, se lee en el primer párrafo del artículo 2 del proyecto de ley.
El grupo de trabajo compuesto por los expresidentes del TC terminarán sus funciones cuando seleccionen a los nuevos miembros de la JNJ.
En el apartado de las razones por las que se propone esta iniciativa legislativa, llamada “Exposición de motivos”, se asegura que la medida es necesaria para frenar la “grave crisis institucional” que enfrenta el Poder Judicial.
“Las organizaciones referidas motivan titulares a diario en casi todos los medios de comunicación por las conductas de sus miembros que lo involucran en graves actos contrarios a la Constitución y a las leyes, que además los conflictúan entre ellos”, se lee en el documento.
También se señala que tanto los miembros del pleno de la JNJ, como del Ministerio Público, se han visto envueltos en hechos ilegales, que actualmente están indagándose.
Patricia Benavides: ¿Qué hace falta para que su destitución se ratifique?
La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado un recurso de apelación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscando revocar su destitución tanto del cargo de fiscal de la Nación como de la carrera fiscal y de la Junta de Fiscales Supremos.
El 22 de mayo, la JNJ la destituyó de manera unánime con cinco votos, argumentando que Benavides realizó acciones contrarias a sus funciones administrativas para archivar una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos.
A pesar de la decisión unánime, la defensa de Patricia Benavides ha solicitado una reconsideración para que la JNJ revise o reevalúe su destitución. Su objetivo es anular su remoción como fiscal suprema titular del Ministerio Público (MP). La destitución se basó en faltas graves, incluida la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, mediante un informe falso de baja productividad elaborado por la exfiscal suprema provisional Azucena Solari, también destituida.
Estos recursos serán evaluados por la oficina técnica de Procesos Disciplinarios de la JNJ. Si cumplen con los requisitos, se informará al Pleno de la JNJ, que podría sesionar la próxima semana, posiblemente el martes 4 de junio. Sin embargo, es posible que algunos miembros estén de licencia para esa fecha.
En caso de ausencia de miembros, se asignará un ponente de la JNJ y se convocará a una audiencia pública para que los involucrados presenten sus argumentos ante los magistrados del pleno, que actualmente cuenta con cinco integrantes tras la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello.
