En el marco del Día Mundial del Ambiente, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha anunciado que el Perú reafirma su compromiso ambiental con la implementación de 146 medidas para la adaptación y mitigación frente a la crisis climática.
Asimismo, en conferencia de prensa, el titular de dicha cartera informó que se están desarrollando nuevas acciones, como parte de una estrategia nacional, para combatir problemas como la deforestación y la tala ilegal en la Amazonía.
Para ello, en colaboración con el Ministerio del Interior, se han instalado cuatro puestos policiales en tres áreas naturales protegidas amenazadas por estas actividades: la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, además del Bosque de Protección Alto Mayo, en San Martín.
De acuerdo a Castro, estos puestos policiales tienen el objetivo de controlar la incidencia de delitos ambientales, tales como la tala y minería ilegal, así como brindar seguridad a las comunidades indígenas y guardaparques.
Minam continúa trabajando para reducir uso del plástico
En la misma línea, Castro también comunicó que se está coordinando con gobiernos regionales y locales para ejecutar una gestión integrada de residuos sólidos bajo la campaña “Menos Plástico, Más Vida”, la cual busca reducir el consumo de plástico de un solo uso en el país, es decir bolsas plásticas, sorbetes, platos, vasos, envases y empaques descartables, para el traslado de alimentos y bebidas.
Y, por otro lado, destacó la importancia de restaurar los ecosistemas para asegurar la provisión continua de bienes y servicios naturales. “Pensando en el futuro es importante restaurar nuestros ecosistemas para que vuelvan a brindarnos más de esos bienes y servicios de los cuales los seres humanos nos proveemos”, declaró Castro.
(Sebastián Montalvo Gray/)
Perú será sede de encuentro clave con ministros del Ambiente
Al cierre de su intervención, Castro resaltó que el Perú, que preside la junta directiva de ministros del medio ambiente de Latinoamérica y el Caribe, será sede en julio de una reunión clave para fortalecer las políticas ambientales en la región.
Y, recalcó que el territorio nacional lidera la coalición latinoamericana sobre economía circular, marcando un avance importante en la adopción de prácticas sostenibles y la promoción de políticas ambientalmente responsables.
Contradicciones a la vista
Sin embargo, en el marco de estos anuncios, recientemente, el Gobierno aprobó flexibilizar las normas ambientales para apoyar iniciativas privadas.
Así lo confirmó a fines de abril el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciando modificaciones al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) para agilizar los procesos de evaluación en el sector empresarial.
Estas medidas incluyen un plazo máximo de 150 días hábiles para aprobar estudios de impacto ambiental, en contraste con los tres a cinco años anteriores.
Estas modificaciones —integradas por tres decretos supremos y dos propuestas normativas— generan preocupación entre especialistas en materia ambiental y miembros de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas, quienes temen un debilitamiento de las evaluaciones ambientales necesarias con el fin de reducir posibles riesgos.
Según un informe del medio Ojo Público, los expertos consideran que una evaluación ambiental rigurosa es esencial para mitigar posibles daños, especialmente en un país con una biodiversidad tan variada.
