Por medio de una carta pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros 25 organismos del Sistema Nacional de Transparencia solicitaron una audiencia con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La principal motivación de los organismos garantes para buscar un acercamiento con la candidata electa, según puede leerse en la misiva, es “conversar acerca de los avances y retos de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país”.
Bajo esta misma narrativa, los firmantes aseguraron que para la “nueva etapa de la vida democrática” del país resulta necesario “disponer de instituciones sólidas y transparentes que rindan cuentas a la sociedad y que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos”.
Esto, aseguraron, es posible sólo mediante “un diálogo amplio y constructivo que incluya a todos los sectores de la sociedad […] que nos permita continuar avanzando hacia un México donde el ejercicio pleno de derechos fundamentales sea una realidad tangible y permanente”.
La petición fue firmada por los organismos que garantizan el acceso a la información a nivel nacional y en los estados de Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero, Durango, Tabasco, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Michoacán, el Estado de México, Baja California, Chihuahua y la Ciudad de México.
Este intento por abrir un diálogo con la próxima presidenta se perfila como una estrategia de los organismos del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) por mantener sus operaciones, en respuesta a la postura que ha manifestado el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Conviene recordar que en diciembre de 2023, el titular del Ejecutivo Federal anunció que uno de sus últimos pendientes previo al fin de su administración sería el lanzamiento de una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer al INAI y a diversos órganos autónomos, con el argumento de que “no sirven para nada, son gastos superfluos”.
“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, declaró López Obrador el 11 de diciembre de 2023.
Otras instancias que AMLO incluyó en su lista de objetivos a desaparecer son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El 5 de febrero de 2024, López Obrador envió al Congreso un paquete de reformas constitucionales, entre las cuales se encuentra el proyecto para desaparecer al INAI.
A manera de respuesta, el Instituto anunció que analizaría el contenido de la propuesta, así como las acciones que podrían emprender para mejorar su funcionamiento, ya que “las funciones autónomas del INAI no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público”.
El 30 de marzo de 2023, el INAI tuvo que interrumpir sus sesiones debido a que se quedó con sólo cuatro de sus siete comisionados. Gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó una suspensión, el pleno reanudó sus operaciones el 30 de agosto del mismo año. Sin embargo, hasta marzo de 2024, el Senado de la República no había llegado a un acuerdo para nombrar a quienes deberán ocupar las vacantes disponibles.
