La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por una supuesta discriminación a una mujer trans a la que se habría negado la asistencia como víctima de violencia de género por haber sido, a su vez, un presunto agresor antes de su cambio de sexo.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila; la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, y su concejala de Familia y Conciliación, Cultura y Política Social, María Macarena Lora Gómez, así como otros responsables públicos a los que se acusa de “transfobia” y “desprotección de menores”, según sostienen los denunciantes.
La entidad reclama al Gobierno regional y al Ayuntamiento una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros a la administración autonómica y municipal por los daños causados al menor “durante toda su vida”, así como “las injurias y calumnias con publicidad” que habrían dañado “el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen” de esta persona.
Según relata la AECC, el caso se produce después de que la Comunidad de Madrid detectara seis casos de hombres que figuran en el sistema VioGén como agresores machistas y que han realizado el cambio registral de sexo.
Uno de ellos habría sido identificado en Pozuelo de Alarcón. En este caso, el presunto agresor trató de acceder al punto municipal del Observatorio de Violencia de Género en el que está siendo atendida su víctima.
SUBRAYAN QUE EL PRESUNTO AGRESOR “JAMÁS FUE CONDENADO”
Sin embargo, AECC subraya que el presunto agresor “jamás fue condenado por ningún caso de violencia de género” a pesar de haber sido sometido “a más de 120 procedimientos judiciales de todo tipo en el juzgado Nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón” por parte de su expareja “con dolencias psiquiátricas”, subrayan.
La mujer trans acusada de maltrato había solicitado “ayuda y protección” para su hijo menor de edad, el cual se encuentra “en evaluación psiquiátrica y en fracaso escolar”, teniendo que abandonar sus estudios.
En este sentido, esta persona defiende que “en ningún caso” solicitó este recurso “para eludir la acción de la justicia u otros intereses espurios”, pero lamenta que tanto los Servicios Sociales como el Punto del Observatorio de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón le negaron la asistencia al menor “por la condición de transgénero de su madre”, aseguran los denunciantes.
Asimismo, aseguran que la denuncia ha sido remitida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que “tome cartas en el asunto” y resuelva con el Gobierno de la Comunidad de Madrid “esta situación que afecta no solo a las mujeres transgénero, sino a sus hijos también”.
Tras conocerse esta denuncia, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales consultadas por Europa Press señalan que “no consta ninguna comunicación oficial de que esta denuncia haya sido admitida a trámite” y recuerdan que la consejera, Ana Dávila, trasladó el pasado mes de marzo a la ministra Ana Redondo la “preocupación” del Gobierno regional por las “fisuras” que está suponiendo en el sistema de protección a víctimas de violencia la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
DAVILÁ PIDIÓ EN MARZO UNA REUNIÓN CON REDONDO
La consejera reclamó una reunión con la ministra precisamente para que revisen la casuística detectada y estudien la modificación de la ley trans nacional ya que está generando y puede generar en un futuro situaciones no deseadas en casos de violencia contra la mujer.
Dávila advirtió en marzo que desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se ha transmitido “preocupación” al comprobar “la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino”, figuran en el sistema VioGén como agresores cuando su sexo era masculino.
En este sentido, apuntó que alguna de las víctimas de violencia estaba siendo atendida “en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor”, una circunstancia, subrayaba, que “pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales”, además de poner “en riesgo” el propio sistema de protección, recalca.
Fuentes de la Consejería confirmaron entonces que se habían detectado “al menos tres casos” de presuntos agresores de mujeres que, estando registrados en el sistema de seguimiento VioGén, habían modificado su sexo en virtud de la nueva Ley Trans y han solicitado acceder a un punto de atención a mujeres víctima de violencia.
Tras ello, la ministra Ana Redondo aseguró que estaban “valorando” los casos de agresores que cambian de género y buscan después recursos contra la violencia machista.
“Se está valorando, estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Tenemos que valorarlo, tenemos que estudiarlo, pero desde luego cuando tengamos una respuesta y además técnicamente por escrito, la facilitaremos a la Comunidad de Madrid”, señaló Redondo en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados la pasada semana.
