En Bogotá hay consternación tras conocerse la muerte de una bebé de tan solo tres meses de nacida, al parecer, por descuido de sus padres. El caso está siendo investigado por las autoridades.
Este lamentable hecho se presentó el pasado domingo, 9 de junio, en el Parque Nacional, lugar donde se encuentran asentados un grupo de indígenas de la comunidad Emberá. La menor de edad residía en uno de los cambuches que fueron instalados en el parque, junto con sus padres y tres hermanos, también menores de edad.
De acuerdo con Daniel Briceño, concejal de Bogotá, la niña habría fallecido por la desatención de sus padres, quienes hasta el domingo notaron que la bebé no respondía a ningún estímulo, por lo cual acudieron a una de las ambulancias ubicadas en este sector de la capital del país donde los médicos determinaron que la pequeña estaba muerta.
“La niña falleció de 3 meses y 5 días. El padre tiene 31 años y la madre 24 años. Además tenía hermanos de 9, 7, 1 año y uno de 10 meses”, detalló el concejal Briceño quien, además, contó cómo los padres de la bebé se negaron a recibir la atención que requerían.
Según el concejal, la madre de la pequeña tuvo el primer chequeo médico el pasado 11 de septiembre de 2023, en la UPI La Florida. La atención le fue brindada como gestante.
Para el 10 de octubre, según la investigación de Briceño, a la joven embarazada se le asignó una cita de psicología, pero ella se negó a asistir.
“Entre el 23/10/2023 y el 27/10/2023 la Secretaria de Salud buscó a la madre gestante y a su familia en la UPI La Florida pero no los encontró. Luego de una búsqueda se percataron que se habían trasladado hacía el Parque Nacional. Ese día le vuelven a realizar la atención”, aseguró el concejal, al tiempo que señaló que la mujer se negó a asistir a una segunda cita el 8 de noviembre.
De igual forma, el 15 de diciembre se le brindó la posibilidad a esta madre gestante de regresar a su territorio, pero según lo expuesto por el concejal de Bogotá, ella se negó y decidió permanecer en el Parque Nacional de Bogotá, donde las condiciones no eran las mejores.
Después de varios contactos con la Secretaría de Salud, el 3 de marzo de 2024 la mujer es trasladada en ambulancia a la USS Materno Infantil por presentar signos de alarma y la niña finalmente nace el día 4 de marzo.
Debido a que la bebé presentó poco peso al nacer, tuvo que quedar hospitalizada el 7 de marzo en la unidad neonatal bajo cuidados intermedios y para hacer su respectivo ingreso al plan canguro.
Luego de varios días, la bebé es dada de alta y se le programa una cita para el 20 de marzo; sin embargo, la mujer se niega a asistir con la bebé, lo mismo que hizo de forma posterior en otros controles programados para marzo y abril.
En medio de estas diligencias, las autoridades de salud le informaron, según Briceño, la importancia para la salud de la pequeña de asistir a las citas y controles del plan canguro y el 13 de mayo, es una visita, encuentran que la menor tiene síntomas de Infección Respiratoria Aguda, por lo que fue necesario su traslado a un centro médico, donde luego de varios exámenes realizados se dictaminó que la niña tenía bronconeumonía y se inició un tratamiento para enfermedad respiratoria, por lo que se le dio de alta el 23 de mayo.
Para el 29 de mayo, las autoridades de salud hacen una nueva valoración, luego de que, según Briceño, se les impidiera, por varios días, el ingreso al sector para hacer los respectivos análisis y verificar las condiciones en las que habitaba la bebé.
“El 9 de junio se identifican ausencia de signos vitales por lo que se declara el fallecimiento y se informan a la Policía y Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo”, señaló el concejal Briceño.
La denuncia de Briceño indica que los padres de la bebé estarían, según el informe de la Secretaría de Salud, en presunto estado de embriaguez debido al aliento a licor y a la incoherencia en el diálogo. A la hora del levantamiento del cuerpo, la madre también se negó a ser valorada, al parecer, por encontrarse ebria.
“Desde mi oficina interpondremos todos los recursos de ley para que el ICBF y la Fiscalía General de la Nación actúen. Aquí hay una evidente responsabilidad de los padres y el interés del menor en Colombia debe hacerse respetar. Muy lamentable todo”, concluyó el concejal.
La Defensoría del Pueblo pidió a las comunidades indígenas que se han asentado en Bogotá que permitan la entrada de la oferta institucional para garantizar la protección y la vida de los niños, niñas y adolescentes que los acompañan.
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