En un alarmante caso que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones penitenciarias de Perú, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash y Santa, coordinada por la fiscal provincial Rocío Príncipe Ascencios, ha solicitado prisión preventiva contra siete agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por su presunta participación en actos de tortura en agravio de una reclusa de 27 años.
La medida se solicita por un periodo de nueve meses para facilitar la continuación de las investigaciones mientras los acusados permanecen detenidos. De acuerdo con la investigación fiscal, el incidente ocurrió el 18 de mayo de 2024, en el Centro Penitenciario de Huaraz; cuando los implicados, entre los cuales se encuentran tres mujeres y cuatro hombres, presuntamente sometieron a la víctima a brutales maltratos.
Según lo reportado, los agentes del INPE engrilletaron a la mujer, la intimidaron y la agredieron en repetidas ocasiones. Entre las lesiones reportadas, se pudo corroborar la fractura de su pie. Una vez consumada la agresión, la dejaron en el interior de una celda. Fueron sus compañeras de pabellón quienes finalmente le brindaron socorro.
Fiscalía intervino el INPE y pidió medidas cautelares contra los involucrados
Al tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició diligencias preliminares, a fin de identificar a los responsables y a determinar el alcance del daño físico y psicológico infligido a la reclusa. Los esfuerzos de la Fiscalía culminaron en la formalización de la investigación preparatoria contra un total de nueve funcionarios del INPE. De ellos, existen siete para quienes se ha solicitado prisión preventiva, mientras que para otros dos investigados se ha requerido comparecencia con restricciones.
Con el propósito de proteger a la agraviada tras esta traumática experiencia, la Fiscalía ha requerido al Poder Judicial que dictamine medidas de protección.
Entre estas se incluye la petición dirigida a la Dirección del INPE de Huaraz y a la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del INPE para que se proceda, con carácter de urgencia, al traslado de penal de la víctima a fin de salvaguardar su integridad física y emocional.
Denuncia es el segundo caso de tortura contra el INPE en menos de 15 días
Pero este no es un caso aislado. En el transcurso del mes, se han documentado ya dos incidentes de tortura en establecimientos del INPE. El primero de ellos tuvo lugar apenas una semana antes, el 2 de junio de este año, cuando se reveló que varios agentes penitenciarios habrían forzado a otro recluso a ingerir un objeto en contra de su voluntad.
El suceso previo fue inicialmente denunciado por el abogado del recluso, quien alertó los presuntos abusos perpetrados y, como resultado, suscitó la intervención de la Fiscalía de la Nación, que decidió entrevistarse con el recluso, quien terminó hospitalizado, entre sus primeras acciones.
En aquella oportunidad, la Fiscalía de la Nación revisó también las cámaras de seguridad del penal de Cochamarca, en Puno; todo ello a fin de constatar las acusaciones.
Desde el INPE han indicado que se encuentran colaborando estrechamente con las autoridades judiciales y la Fiscalía para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Asimismo, están en proceso de revisar internamente sus protocolos de operación y entrenamiento del personal para garantizar que todos los individuos bajo su custodia sean tratados con la dignidad y el respeto adecuado.
Conforme avanza el proceso legal, las víctimas espera que el sistema judicial actúe con firmeza para sancionar cualquier abuso y prevenir futuros actos similares, reafirmando así un compromiso con los valores de justicia y respeto por los derechos humanos básicos que deben prevalecer en cualquier Estado de derecho.
