La Agencia Tributaria se ha dirigido al juzgado de instrucción de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la etapa de Luis Rubiales como presidente para comunicarle que en abril arrancó una inspección triburatia a la Federación y que, dado que ha tenido conocimiento de que ese organismo ya está incurso en un procedimiento penal, debe proceder a suspender su comprobación.
Así consta en una comunicación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, a la que ha tenido acceso Europa Press. En la misma, se subraya que antes de suspender su investigación debe recibir comunicación de la instructora del caso, Delia Rodrigo, ordenando “la paralización del procedimiento inspector en curso”.
Por el momento, el juzgado ha señalado por providencia del 12 de junio, también recogida por esta agencia de noticias, que remite el escrito de la Agencia Tributaria a la Fiscalía para que informe al respecto de esa posible paralización.
El escrito de la Agencia Tributaria detalla que su inspección se abrió concretamente el pasado 29 de abril para analizar el impuesto de sociedades de la Federación de 2019 a 2022, el IVA de abril de 2020 a diciembre de 2023 y las retenciones en el IRPF de abril de 2020 a diciembre de 2023.
Sobre la suspensión de su inspección, indica que es lo que contempla la normativa tributaria en casos en los que las conductas investigadas en los juzgados puedan ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa.
Suma que “la determinación o imputación de las obligaciones tributarias del contribuyente en su procedimiento administrativo podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal, aun cuando éstas se pudieran referir a períodos impositivos diferentes a los que alcanzan las actuaciones inspectoras”.
EL JUZGADO SERÁ MÁS EFICAZ
Al hilo, matiza que esta paralización “interrumpe los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”.
Así las cosas, la Agencia Tributaria recomienda esta paralización de su inspección por economía procesal, porque el juzgado de Majadahonda tiene “mayores y más intensas facultades investigadoras” lo que le hace ser más eficaz, para evitar duplicidades y porque “unos hechos probados en el ámbito del proceso penal condicionan la calificación e imputación de las posibles rentas en vía administrativa”. A esto añade que si piden documentación a la Federación es posible que la misma esté incautada por el juzgado.
