Los agresores sexuales de niñas awajún en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) son, además de docentes, policías y mineros ilegales, según un informe difundido este domingo por Punto Final. El dominical reveló que, si bien la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) tiene registrados al menos 533 casos de violación, el Ministerio Público acumula oficialmente unas 888 denuncias.
Algunas sobrevivientes enfrentaron ―o enfrentan— embarazos forzados y contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). “Espero que escuche todo el Perú, no solo son profesores, sino efectivos policiales que abusan sexualmente de las mujeres indígenas. Nosotros confiamos en las autoridades para que hagan justicia y más bien defienden al agresor”, clamó el apu Bernabé Jima.
El líder awajún Dante Sejekam denunció, por su parte, que los mineros ilegales llegan a ofrecer dinero a menores de entre 13 y 15 años. “Las embarazan y luego las abandonan”, señaló. El Centro de Emergencia Mujer (CEM) local cuenta con solamente 300 soles de presupuesto para movilizarse y atender a las sobrevivientes, quienes cohabitan con sus perpetradores.
Las familias, sin recursos, se ven obligadas a aceptar dinero (hasta 500 soles) o parcelas a cambio de su silencio. El dominical conoció el caso de una menor que fue agredida sexualmente por su profesor desde los 10 años. Su abuela ahorró durante meses para llevarla a Bagua en busca de justicia; sin embargo, el violador sigue viviendo en la misma comunidad.
En Bagua, a siete horas de distancia, se encuentra el hospital más cercano con una cámara Gesell y médico legista para certificar agresiones sexuales. “Los mismos promotores abusan de los niños. Y para que no los delaten, les pagan”, dijo la legisladora fujimorista Mery Infantes, representante de Amazonas.
Los líderes indígenas han dispuesto la construcción de calabozos rudimentarios para castigar a los agresores, pero la justicia formal parece distante y esquiva para la comunidad awajún. La docente Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció previamente que tres agresores detenidos se dieron a la fuga en una de las 200 comunidades awajún de Condorcanqui.
“Solo había un policía comunal, y nos dijo: ahí están los tres presos. Cuando fuimos a ver, el calabozo estaba vacío. Se habían escapado”, relató con indignación. La lideresa también reveló que una niña residente de Río Santiago, uno de los tres distritos que conforman la provincia junto con El Cenepa y Nieva, está forzada a gestar tras una violación y es poco probable que acceda al aborto terapéutico, a pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) considera un embarazo forzado como tortura.
“Lejos de estar el ministro llamando a supuestos líderes de las organizaciones a Lima, este señor que es incapaz debería venir a solucionar el problema en el territorio. Es indignante que estén llamando a personas que no nos representan”, señaló.
“¿Qué podemos hacer, pues?”, se limitó a responder el director de la UGEL de Condorcanqui, Percy Tuesta, después de confirmar la fuga de los docentes violadores. Mientras lo investigan, siguen cobrando su salario. “Si nosotros hacemos un corte de contrato de inmediato, estaríamos cayendo en abuso de autoridad. Por eso las comisiones deben ir a campo a investigar. [Como el CEM no cuenta con presupuesto], queda ahí nomás”, admitió.
La magistrada Elvia Barrios, presidenta del Sistema Nacional Especializado de Justicia contra la Violencia de Género (SNEJ), reafirmó esta semana que la falta de recursos impide el funcionamiento adecuado de esta entidad en Amazonas. Al ser consultado sobre las violaciones sistemáticas en esta región, el titular de Educación, Morgan Quero, afirmó que trabajarían “algún tipo de solución para zanjar la situación”, incluso “si es una práctica cultural”.
La propia ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, respaldó estas declaraciones que devinieron en una ola de repudio.
