Madrid, 30 jun (EFE).- Tras el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tanto su tramitación parlamentaria, como las medidas de regeneración democrática, el compás de espera en Cataluña y el debate sobre la financiación autonómica auguran un julio político sin visos de tregua entre los partidos a las puertas del verano.
Ha sido el Gobierno el que ha puesto el foco en este mes al avanzar que será cuando presentará el paquete de medidas de calidad democrática al que se comprometió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el periodo de reflexión que se tomó ante lo que consideraba la campaña de acoso de que estaba siendo objeto.
Las medidas deben ser concretadas, pero Sánchez ya ha ido dando pistas sobre algunas de ellas, como las que asegura que tienen como objetivo hacer frente a los bulos y la desinformación.
Así, se transpondrá la ley europea de libertad de los medios de comunicación y habrá una modificación de las leyes orgánicas sobre el Derecho al Honor y el Derecho de Rectificación.
Todo ello será enviado por el Gobierno a las Cortes en julio, un mes en el que ya no hay sesiones plenarias de carácter ordinario pero que en esta ocasión la presidenta de la cámara, Francina Armengol, ha habilitado para que haya hasta cuatro plenos.
Por tanto, podrían debatirse ya esas iniciativas, y en la primera de esas sesiones, la de este jueves 4 de julio, se tramitará la proposición de ley pactada por el PP y el PSOE para estudiar una nueva fórmula de elección de los vocales del CGPJ.
El texto reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de reforzar “la independencia e integridad” del sistema judicial, según lo acordado entre los dos partidos que la impulsan.
Junto a ello, el Parlamento debe ratificar los veinte vocales pactados para el órgano de gobierno de los jueces.
Ya ha habido las primeras diferencias entre las interpretaciones de PSOE y PP sobre el texto firmado, que ha sido muy criticado por partidos como Vox y que es visto con recelo por algunos socios del Gobierno.
También para julio se ha anunciado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en medio de un debate sobre la financiación autonómica muy condicionado por el hecho de que el Gobierno se haya abierto a una financiación singular para Cataluña.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo que, además de aprobar en esa reunión los objetivos de estabilidad ante los próximos presupuestos, las comunidades podrán hablar de todo aquello que deseen.
En consecuencia, se da por seguro que estará sobre la mesa la reforma del sistema de financiación que sigue aplicándose diez años después de su caducidad y que será objeto de debate de forma paralela a la polémica por una posible financiación específica para Cataluña.
Una hipótesis que desde el Partido Popular se considera un agravio para el resto de autonomías y ante la que tanto su líder, Alberto Núñez Feijóo, como sus barones están determinados a dar la batalla.
Será un asunto muy vinculado a las negociaciones para intentar la elección del presidente de la Generalitat.
Una vez activado el plazo de dos meses, que concluye el 26 de agosto, para esa elección o, de lo contrario, se tengan que repetir los comicios, julio será clave para decantar la balanza.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, dio este sábado de plazo hasta finales de mes para conseguir un preacuerdo con el PSC o con Junts para formar un nuevo Govern y evitar una repetición electoral.
Pero la pretensión de Junts de que sea elegido Carles Puigdemont no es viable si los socialistas, tal y como aseguran de forma repetida y ratificó también este sábado Salvador Illa, no lo permiten mediante una abstención.
Frente a las voces que no descartan que si hubiera que repetir elecciones Sánchez decidiera disolver las Cortes y convocar al mismo tiempo las generales, el presidente del Gobierno rechaza esa posibilidad al asegurar que agotará la legislatura.
Pese a las repetidas llamadas del PP a esa convocatoria, fuentes del Ejecutivo interpretan que el hecho de que el principal partido de la oposición haya pactado la renovación del órgano de gobierno de los jueces demuestra que sus dirigentes son conscientes de que la legislatura tendrá un largo recorrido.
Por otro lado, el 18 de julio se celebrará en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el Gobierno presentará su propuesta de reforma legal para establecer un reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades.
Una propuesta a la que se oponen ERC y Junts y ante la que Vox ha advertido al PP de que los gobiernos autonómicos que comparten pueden estar en riesgo.
En la agenda de julio se incluye igualmente la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que el día 5 declare ante el juez como investigada en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
La agenda internacional llevará a Sánchez del 9 al 11 de julio a Washington para participar en la cumbre de la OTAN, y el 18 de julio asistirá en Reino Unido a la reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, integrada por la mayoría de países de Europa sean o no de la UE.
Y antes del paréntesis de agosto, la actividad parlamentaria prevé la convalidación de decretos como el aprobado el pasado martes que prorroga algunas medidas para paliar los efectos de los conflictos de Ucrania y Gaza y que recoge la eliminación hasta octubre del IVA al aceite de oliva.
Además, a la vez que el Gobierno sigue preparando el proyecto de ley de presupuestos se espera que revise al alza su previsión de crecimiento económico para 2024, que según dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estará más cerca del 2,5 % que del 2 % actual. EFE
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