La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado en todos sus términos la sentencia condenatoria dictada en su día en primera instancia por el Juzgado Penal 3 de Oviedo para 5 personas y el sindicato UGT desestimando los recursos presentados por sus respectivas representaciones legales, por un delito de fraude se subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012.
La Audiencia sólo estima parcialmente el recurso de una de las condenadas. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
El sindicato UGT Asturias fue condenado por el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo en diciembre de 2021 a una multa de 122.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años, según consta en el fallo. La sentencia afecta a ayudas concedidas entre 2010 y 2014.
El juez explicó en su momento que tanto el sindicato UGT Asturias como la Fundación IFES, venían accediendo desde hacía tiempo como beneficiarios a subvenciones públicas que con carácter anual eran ofertadas a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y destinadas a la realización de programas de acciones de formación para el empleo. Cuando el beneficiario resultaba ser el sindicato, éste encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, en lo que a lo investigado se refiere, principalmente a IFES.
La sentencia establece que el que fue secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga entre los años 2000 y 2016, la exsecretaria de Administración de la organización y el secretario de Formación llevaron a cabo “en actuación concertada” una operativa orientada al “sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos”.
Eso les permitía obtener, con cargo a dichas subvenciones recibidas, beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas. Esa “actuación fraudulenta” fue facilitada por el control que UGT ejercía sobre la delegación territorial de IFES, contando con la necesaria colaboración del órgano gesto rde la fundación y de ciertos empleados de entidades implicadas.
Además, para el desvío de los fondos procedentes de las subvenciones contaron con la cooperación de la administradora legal de las empresas Formación 2020 y Localmur.
“Dicho desvío fue llevado a efecto mediante diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución y en su caso su adecuación al valor de mercado, de las acciones formativas por las que uno y otra recibían las subvenciones respectivamente concedidas por el Sepepa, ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto”, establece el juez , que dice que el desvío era “sistemático”.
Además, en algunos casos se hacía con el “aprovechamiento instrumental” de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional en Asturias.
En las subvencioness concedidas por el Gobierno asturiano, el juez concluye que se incrementó ficticiamente el precio de locales y equipos con un sobrecoste “que imputaban después a las subvenciones recibidas, en benficio del sindicato”.
En ocasiones se facturaba alquileres de equipos didácticos sin que conste que se existiesen tales bienes. “Otro de los subterfugios utilizados recurrentemente, en este caso solo en las subvenciones concedidas a UGT Asturias, consistió en la inclusión en la justificación de los costes, de gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación, directa o indirecta, habían tenido en las actividades de tramitación, gestión y evaluación de las acciones formativas objeto de las subvenciones, pues las mismas fueron realizadas íntegramente por personal de la Delegación Territorial de Ifes y en menor medida por alguna otra entidad subcontratada”, señalan.
Uno de los condenados es el exsecretario de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, por delitos de fraude de subvenciones, como autor y como cooperador en una ocasión. En total, se le impone dos años y diez meses de prisión.
