La educación siempre ha tenido una marcada estacionalidad ligada a la duración del curso escolar lectivo y la reforma laboral de 2021 no la ha conseguido eliminar, aunque sí la ha suavizado. Cada 30 de junio, miles de trabajadores del sector de la enseñanza son dados de baja en la Seguridad Social y el fenómeno se acentúa en julio y agosto, recuperándose posteriormente el empleo perdido entre septiembre y octubre. Estas bajas, que pueden ser formalmente despidos o ceses de actividad en los contratos intermitentes, se hacen con el objetivo de ahorrar el pago de las nóminas en los meses de verano. Algunas pueden llegar a estar justificadas, pero otras muchas no.
La afiliación al régimen general de la Seguridad Social en el sector educativo cayó un 4,04% en junio 2024, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (-4,6%) y a la de 2019 (-5,46%), lo que evidencia la desaceleración de la tendencia. Sin embargo, las bajas ascienden a 51.645 afiliaciones en términos medios, una cifra todavía abultada y en línea con la de años anteriores. La mayor parte se concentran en la educación privada y concertada, que perdió 50.668 afiliaciones respecto a mayo, ya que en la educación pública solo se registraron 977 menos en junio. En el régimen de autónomos también se produjo un descenso del 1,8% (-1.126).
Por tanto, el inicio del verano de 2024 vuelve a registrar el rumbo habitual y desde los sindicatos esperan aún más bajas en julio, mes en el que siempre se superan las 100.000. “La tendencia va a seguir siendo la misma en este verano”, afirma Pedro Ocaña, secretario de educación privada de la Federación de Enseñanza de CCOO. La reforma laboral ha incidido especialmente en el cambio de la contratación en la educación privada, pasando contratos de obra y servicio (extinguidos) a contratos fijos discontinuos, lo que elimina la temporalidad contractual, pero no evita el cese, la inactividad y la no percepción de nóminas desde junio.
Es cierto que existen actividades en el sector de la educación privada que se pueden ajustar a un contrato fijo discontinuo: el ocio educativo (monitores); otro personal de apoyo y de servicios y la enseñanza no reglada, como los profesores de academias. Donde no está justificado el uso de esta modalidad contractual es entre los docentes, así lo establece, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2023 en la que fija que todos deben tener un contrato indefinido ordinario, pero se sigue infringiendo.
Según Ocaña, la contratación fija discontinua en la educación “incluye a personas que están contratadas en fraude de ley, que es lo que venimos denunciando año tras año”. “Al colectivo docente no se le puede contratar con fijo discontinuo, pero hay muchos colegios que, a pesar de que hay sentencias, siguen cometiendo esa irregularidad”, señala. Esto se produce especialmente en los centros privados, ya que en los concertados quien paga la mayor parte de las nóminas es la administración pública, por lo que hay menos problemas para hacer las contrataciones que corresponden.
Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, considera que la vigilancia de la Inspección de Trabajo para corregir esas situaciones “está funcionando” porque la contratación de docentes como fijos discontinuos está “aminorando”, pero “seguramente no de manera tan positiva como dice a veces el Gobierno”. En el ámbito público es menos común que los trabajadores se vean dados de baja en verano, pero también sucede entre los interinos que cubren las sustituciones.
Según explica Héctor Adsuar, secretario de enseñanza pública no universitaria de CCOO, los interinos que ocupan una vacante durante todo el curso sí cobran el verano, pero los que cubren una sustitución de un funcionario de carrera que está de baja no lo tienen asegurado. Como la contratación de interinos es competencia autonómica, las condiciones varían. Las mejores se dan en las CCAA en las que se exige haber cubierto una baja durante 165 días (5,5 meses) para cobrar el verano, como es el caso de Madrid. Las peores son Extremadura (donde se exigen 280 días), Murcia (255) y Galicia, donde no se cumple el acuerdo con los sindicatos y ningún interino de este tipo está dado de alta en verano.
“Hay comunidades autónomas que quieren ahorrarse el verano y es una práctica que denunciamos porque muchos compañeros son cesados a 30 de junio y resulta que vuelven a ser contratados a 1 de septiembre”, señala Loranca. Esto perjudica a la antigüedad del interino para futuros procesos selectivos e impide preparar con más antelación el curso escolar.
El Gobierno defiende la mejoría del sector
Preguntado al respecto por la destrucción de empleo en la educación en el verano, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha defendido que la reforma laboral ha producido un “enorme avance en la calidad del empleo en la educación” y que el contrato fijo discontinuo genera “expectativas” de reincorporación, aunque ha reconocido que se hace un uso “dudoso” para algunas actividades.
“La Inspección de Trabajo lleva meses analizando las condiciones en este sector y en las actividades donde no se justifique, actuaremos en consecuencia pidiendo la transformación”, ha señalado durante la rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de junio. Por otra parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha destacado un crecimiento “espectacular” del sector en el último año y normaliza la caída de afiliación de verano: “Veo señales positivas y esperanzadoras”, afirmó.
La afiliación a la Seguridad Social en la educación crece, aparentemente, en el entorno del 14% interanual, muy por encima de la media, pero esto se debe en parte a un cambio metodológico consistente en pasar al CNAE de educación a trabajadores que antes contaban en el CNAE administraciones públicas. Otro motivo detrás del crecimiento del sector es la incorporación en el mes de septiembre de nuevo personal que accede a través de las ofertas de empleo público. No es posible determinar en qué medida afecta cada uno y, por tanto, cuál es el crecimiento real del sector.
