La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido al Gobierno que en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal incluya la obligación de realizar obras de accesibilidad.
Así lo ha reclamado COCEMFE por carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras el anuncio por parte del Ejecutivo de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para abordar la problemática de los pisos turísticos.
“Una cuarta parte de las personas con discapacidad se han visto obligadas a abandonar su casa por falta de accesibilidad y buscar otra alternativa habitacional ante esta vulneración flagrante de su derecho a una vivienda adecuada. Pero el parque de viviendas accesibles de nuestro país es escaso y con precios elevados”, asegura COCEMFE.
En este sentido, explica que más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España precisan la ayuda de otra persona para salir de su casa y que alrededor de 100.000 no pueden hacerlo nunca porque no disponen de esta ayuda. Además, añade que miles de personas se ven obligadas a la institucionalización ante la falta de una vivienda “digna y accesible”.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, apunta que existen “innumerables” comunidades de vecinos “inaccesibles” debido a la actual Ley de Propiedad Horizontal,” en la que existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo”. Asimismo, recuerda que la entidad lleva “muchos años solicitando al Gobierno la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar estas situaciones, en las que por otro lado se deja en manos y se responsabiliza a las comunidades en este tipo de obras”.
Esta ley plantea que tendrá carácter obligatorio la realización de obras para garantizar la accesibilidad universal siempre que el importe repercutido no suponga “una carga desproporcionada”. Por lo tanto, no debe exceder las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. “Provoca que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio al superar, generalmente, estas 12 mensualidades”, explica.
COCEMFE también agrega que desde 2019 sería obligatorio si con ayudas públicas se sufraga el 75% del importe de las mismas. “Esas ayudas públicas sólo las reciben el 10% de las comunidades que deciden llevarlas a cabo, por lo tanto, en muchas ocasiones las comunidades de vecinos no hacen frente a las obras de accesibilidad al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente”, indica.
A pesar de las diferentes modificaciones realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal para avanzar en la accesibilidad en los edificios de viviendas, COCEMFE denuncia que “sigue sin solventarse el problema, puesto que sigue sin ser obligatorio afrontar estas obras por la comunidad en todos los casos y continúa recayendo sobre la ciudadanía la responsabilidad de garantizar este derecho”.
“AYUDAS PÚBLICAS SUFICIENTES”
La entidad considera que la reforma de la ley debe incluir la obligación de realizar obras de accesibilidad en las comunidades, para que estas asuman los costes en elementos comunes de los edificios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años. Así, piden “ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarias y para las residentes de estas”.
Finalmente, COCEMFE propone crear por Ley un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este Fondo se financiarían programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español y las administraciones estatales, autonómicas y locales podrían establecer ayudas específicas para que todas las comunidades vecinales puedan afrontar las actuaciones necesarias relacionadas con la accesibilidad de los edificios.
